Víctimas aseguraron que durante dos sexenios las autoridades no les han brindado una atención
digna
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En el ejido Puebla del municipio de Chenalhó, el próximo 26 de mayo marcará el octavo
aniversario de una problemática que no cesa: la expulsión violenta de 54 familias indígenas, un
total de 256 personas, que continúan sin encontrar solución a su desgarradora situación.
La representante legal, Araceli Cruz López, explicó que este episodio cambió la vida de estas
familias en 2016 y desde ese entonces, no existe justicia ni reparación de daños. El sufrimiento
persiste en un campamento en San Cristóbal de Las Casas, donde estas familias viven refugiadas,
en espera de respuestas de las autoridades.
La expulsión del ejido Puebla, que tuvo lugar después de las elecciones locales de 2015, se
convirtió en una trágica encrucijada para estas comunidades indígenas. El padre de la
representante de los desplazados, Guadalupe Cruz, perdió la vida a causa de una bala durante ese
suceso. Ocho años después, el caso permanece sin ser esclarecido y las denuncias presentadas
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) parecen estancadas, sumiendo a las víctimas en un estado
de incertidumbre.
La representante destacó la indiferencia gubernamental y la falta de atención hacia su caso, al
subrayar que por dos sexenios la situación no ha mostrado mejora alguna. “Nos indigna ver la falta de interés y acción por parte del Gobierno. No se vale, no hicieron nada por nuestro caso. Solo nos queda seguir adelante, enfrentar la incertidumbre y continuar con la lucha por la justicia que no encontramos”, reprochó.
La situación ha llevado a estas familias a una realidad difícil de entender, marcada por la ausencia
de soluciones. El próximo 2 de junio, Chiapas se enfrentará a otra jornada electoral, mientras estas
familias, privadas de justicia, esperan un cambio que les brinde la atención que tanto necesitan y
garantías de un retorno seguro a sus hogares.
