El enfrentamiento dejó múltiples heridos, incluyendo a una mujer de la tercera edad
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un sorprendente giro de los acontecimientos, el plebiscito del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) en Chenalhó, Chiapas, culminó en caos y violencia. Más de dos mil
residentes participaron en la jornada para seleccionar al candidato por el partido para la
Presidencia municipal.
La situación se descontroló en el campo de fútbol, dando lugar a una trifulca que, según
informes por habitantes, dejó múltiples heridos, incluyendo a una mujer de la tercera
edad. Esta espiral de violencia ha generado inquietud en la comunidad, arrojando una
sombra sobre el proceso electoral en esta localidad.
A pesar de que el PVEM aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a los eventos
violentos, se plantea la necesidad de fortalecer la seguridad en futuros eventos políticos,
especialmente en Chenalhó, un municipio marcado por desplazamientos internos debido
a conflictosde la misma índole.
Los habitantes del municipio denunciaron públicamente al síndico municipal, Juan Erasmo
Rodríguez Pérez y un grupo de hombres armados, quienes, los residentes confirmaron a
Grupo Formula que fueron pagados por el presidente Abraham Cruz Gómez.
Además, se reveló que el síndico municipal y personas armadas, respaldadas por el
alcalde, intimidaban a los ciudadanos para que no votaran por su adversario, Enrique
Pérez Santiz, quien resultó ganador por mayoría de votos por el PVEM.
Los residentes también denunciaron que el militante por el Partido Verde, pagaría a un
grupo organizado que opera en la región para desestabilizar y así mantener el poder.
En el lugar se reportaron detonaciones de armas de fuego, provocando pánico entre
mujeres y niños presentes durante el plebiscito en el campo de fútbol del municipio de
Chenalhó.
Defensores de los derechos humanos en la zona Altos de Chiapas denunciaron
públicamente a las autoridades del municipio, tanto al PVEM como a otras instancias.
Cabe mencionar que, debido a conflictos políticos y la lucha por el poder, en dicha
localidad se han registrado masivos desplazamientos internos de personas indígenas,
incluso llegando a situaciones lamentables que han culminado en pérdidas humanas.
En el período comprendido entre 2010 y 2021, el estado de Chiapas ha experimentado un
preocupante aumento en el número de personas desplazadas, alcanzando la impactante
cifra de aproximadamente 14 mil 476 individuos. Este fenómeno, que ha dejado cicatrices
en la región, tiene sus raíces en diversas causas, entre las que destacan conflictos
postelectorales, fenómenos naturales y tensiones agrarias y religiosas.
Los habitantes de Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó han
sido obligados a abandonar sus hogares, siendo expulsados a punta de balas, lo que ha
contribuido al dramático incremento de desplazamientos en la región de Los Altos de
Chiapas. La presencia de grupos armados ilegales, algunos con vínculos al crimen
organizado, ha agravado la situación.
Cecilia López Sánchez, presidenta de la Comisión de los Pueblos Originarios del Congreso
del Estado de Chiapas, lamenta que este desplazamiento, arraigado desde la colonización,
persista entre los pueblos indígenas. La confrontación, heredada de épocas pasadas, sigue
afectando a las comunidades.
Araceli Cruz López, vocera de los desplazados del ejido Puebla Chenalhó, relata cómo 14
familias fueron expulsadas de su comunidad debido a un conflicto postelectoral, viviendo
cinco años en campamentos en San Cristóbal. A pesar de recibir ayuda humanitaria, no
han logrado retornar a sus hogares, y las carpetas de investigación solicitadas no se han
integrado.
Diego Cadenas Gordillo, defensor de derechos humanos, ha logrado la reparación del
daño para algunas familias, pero reconoce la complejidad de conflictos que implican
grupos armados, dificultando el retorno de la población desplazada, a pesar de amparos y
recomendaciones obtenidos.
Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba), equipara el desplazamiento forzado con la tortura, destacando las consecuencias
físicas, psicológicas y comunitarias irreversibles. La organización brinda acompañamiento
legal y destaca las precarias condiciones de salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad
en las que se encuentran las personas desplazadas, afectando especialmente a los
menores que luchan por sobrevivir en estas circunstancias desafiantes.
El Frayba lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha,
municipio de Chenalhó. De acuerdo a diversas fuentes de información los
enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento
se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado
interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre
ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta
vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al
momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y
asesinadas.
Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la
omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la
región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo
cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que
se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de
residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia.
En diversas zonas del estado se vive una crisis de violencia, diversos actores civiles utilizan
el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a
la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el
recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos
eventos se desarrollaron en Los Altos, destacando los municipios de Chenalhó, San
Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.
Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de
líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación
con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como
organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de
la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.
La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar
irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de
conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad
histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades
tanto locales como estatales.
La violencia en estos territorios es sumamente dramática, dado a que ha tocado las
estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de
los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las
violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste
estas acciones criminales.
2016 VIOLENCIA POR LA DISPUTA DEL GOBIERNO EN CHENALHÓ
80 familias de Chenalhó, Chiapas fueron desplazadas por la violencia generada entre los
opositores de la exalcaldesa, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar el pasado
26 de mayo 2016 sus simpatizantes.
Tras la renuncia de la alcaldesa, y la presentación de la nueva administración, encabezada
por el entonces síndico Miguel Sántiz Álvarez, vecinos de la colonia Puebla fueron
atacados con “armas de fuego, palos, piedras y machetes, en una emboscada orquestada
por gente simpatizante a la expresidenta”, según un comunicado del autodenominado
Movimiento Pedrano Chenalhó.
“Ante estos hechos violentos un aproximado de 80 familias de la colonia Puebla se
desplazaron a la cabecera municipal, lo que representa un 80 por ciento de la población
de esa localidad“, explica la publicación, por lo que solicitaron ropa, comida, zapatos,
medicamentos para los heridos y donaciones para las familias desplazadas.
¿Plebiscito?
El articulo 19 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas lo define como el
mecanismo mediante el cual los ciudadanos podrán solicitar al titular de la Gubernatura,
someta a consulta de la ciudadanía, la aprobación o rechazo de las decisiones del
Ejecutivo del Estado o de los ayuntamientos. El o la titular de la Gubernatura podrá a
través del plebiscito consultar a la ciudadanía en los mismos términos señalados con
anterioridad.
El plebiscito estatal, se limitará a las decisiones que pretenda realizar el titular de la
Gubernatura, que sean trascendentales para la vida pública del estado.
Por su parte, el plebiscito municipal se limitará a las decisiones que pretendan realizar los
Ayuntamientos, que sean trascendentales para la vida pública del municipio de que se
trate, incluyéndose los reglamentos de carácter general que éste expida.
SOLICITANTE
Las personas que pueden solicitar un plebiscito son las siguientes:
I. El tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del Estado de Chiapas,
quiénes dirigirán la solicitud escrita al titular de la gubernatura anexando una relación con
nombres, firmas y claves de credencial para votar. De igual manera se deberá designar un
comité promotor integrado por cinco personas.
II. Por solicitud directa a cargo del titular de la Gubernatura.
III. En los casos que los municipios soliciten un plebiscito este se iniciará mediante escrito
dirigido al titular de la Gubernatura siguiendo las siguientes precisiones:
a) En los casos que los municipios cuyo número de electores sea de hasta 10 mil, el 20 por
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se
trate;
b) En los municipios que tengan más de 10 mil y hasta 20 mil electores, el 15 por ciento
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate;
c) En los municipios que tengan más de 20 mil y hasta 50 mil electores, el 10 por ciento de
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate;
d) En los municipios que tengan más de 50 mil y hasta 100 mil, el cinco por ciento de los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate; y
e) En los municipios cuyo número de electores sea mayor a 100 mil, el dos por ciento de
los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del municipio de que se trate.
