Las uniones no se formalizan en registros civiles ni ceremonias religiosas, sino a través de
casamenteros, lo que dificulta su cuantificación oficial
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
A pesar de la prohibición del matrimonio infantil en Chiapas desde el año 2016, esta práctica
continúa arraigada en comunidades indígenas de al menos 17 municipios en la región de Los Altos,
según advirtieron algunas organizaciones civiles, académicos y activistas a favor de la defensa de
las víctimas de violencia de género.
La situación que experimenta la entidad es crítica, puesto que existe un panorama donde el
matrimonio infantil se perpetúa mediante pactos verbales entre hombres, fomentando así a la
replicación de dichos fenómenos hasta en regiones como la meseta comiteca tojolabal y Tulijá
Tseltal Chol, en un contexto marcado por la pobreza, la violencia y la administración de justicia
según los usos y costumbres.
A diferencia de los matrimonios legalmente reconocidos, estas uniones no se formalizan en
registros civiles ni en ceremonias religiosas. En cambio, son llevadas a cabo por intermediarios
conocidos como casamenteros, quienes pueden ser compadres o autoridades comunitarias.
La falta de registro oficial dificulta la cuantificación exacta de estos matrimonios, pero las
organizaciones y colectivos contra la violencia de género en la entidad, advirtieron que las niñas
son las más afectadas por esta práctica arraigada. En muchos de los casos sufren violencia
psicológica, sexual y emocional al ser negarles su derecho a decidir sobre su propio futuro.
Aunque se han reportado avances en la concienciación sobre esta problemática, resulta que aún
persiste en comunidades como Aldama, San Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, entre otros. Además,
señala que el precio o la cantidad de productos agrícolas intercambiados por una menor de edad
varía según su estatus socioeconómico y nivel educativo.
En conclusión, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad dolorosa en ciertas comunidades
indígenas de Chiapas, donde la falta de acceso a la justicia y la persistencia de prácticas arraigadas
perpetúan esta violación de los derechos humanos más básicos.
