Este organismo ha desempeñado un papel crucial en la defensoría de pueblos indígenas,
migrantes y sectores vulnerables
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” celebra sus 35 años de
incansable labor en la defensa y promoción de los libertades individuales en el estado de
Chiapas. Desde su fundación en 1989, esta organización ha sido un faro de esperanza para
los más vulnerables, cumpliendo con su propósito original de apoyar especialmente a los
pobres y pueblos indígenas.
El camino del Frayba comenzó antes de su establecimiento oficial, con un mandato claro
de la Asamblea Diocesana presidida por don Samuel Ruiz García. La necesidad de crear un
espacio para defender los derechos humanos en la región fue evidente, especialmente en
un contexto de represión y violencia contra los líderes sociales y campesinos. El fraude
electoral de 1988 y el inicio del mandato de Salinas de Gortari marcaron un periodo
turbuleto y de violencia en Chiapas.
En medio de este panorama sombrío, un grupo de personas comprometidas con la causa
de los derechos humanos se unieron para fundar el Frayba. Figuras como Gonzalo Ituarte,
Gaspar Morquecho, Conchita Villafuerte, Félix García y Francisco de los Santos, junto con
miembros de los equipos pastorales, fueron pioneros en esta iniciativa.
Su objetivo era denunciar los crímenes y la miseria que afectaba a los pueblos indígenas y
campesinos de la entidad, visibilizando una realidad marcada por la desnutrición, la
pobreza extrema y el racismo.
Los primeros años del Frayba coincidieron con la implementación de políticas neoliberales
que afectaron aún más a las comunidades marginadas de Chiapas. La represión contra
quienes se oponían a estas reformas, así como la criminalización de la labor del Frayba,
fueron obstáculos constantes en su camino. Sin embargo, el Centro se convirtió en una
voz valiente para aquellos que no tenían voz, enfrentando la difamación y la represión con
determinación y coraje.
En 1993, el Frayba se convirtió en parte orgánica de la diócesis, fortaleciendo su
protección ante los embates del Gobierno estatal. Desde entonces, ha continuado su labor
con el firme compromiso de defender los derechos humanos y promover la justicia en la
entidad. Su trabajo ha sido fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia,
brindando apoyo legal, acompañamiento psicosocial y documentación de casos de
violaciones a los derechos humanos.
Desde su surgimiento en el contexto del levantamiento armado zapatista, el Frayba ha
sido testigo y protagonista de una época tumultuosa en la historia de México. Este
organismo, con sede en el sureste del país, ha desempeñado un papel crucial en la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes y los sectores más
vulnerables de la sociedad mexicana.
La génesis del Frayba se remonta a un momento crucial en la lucha por la justicia social en
México. Tras el levantamiento zapatista, el panorama político y social del país cambió
radicalmente. Los pueblos indígenas, largamente marginados y silenciados, tomaron la
palabra y encontraron en el Frayba un aliado dispuesto a escuchar y denunciar las
violaciones a sus derechos humanos. En medio de un clima de incertidumbre y esperanza,
esta sociedad se convirtió en un bastión de acompañamiento y mediación, trabajando
codo a codo con las comunidades indígenas para hacer frente a las injusticias que
enfrentaban.
Sin embargo, dicho acompañamiento no estuvo exento de peligros. La guerra de baja
intensidad ordenada por el Gobierno de Ernesto Zedillo y ejecutada por figuras como el
difunto general Renán Castillo convirtió el trabajo del Frayba en una tarea peligrosa.
Se enfrentaron a situaciones dramáticas como la masacre de Acteal, los ataques en
Nixtalucum, la represión en la zona norte y la expulsión de extranjeros solidarios, entre
otros eventos que marcaron un periodo oscuro en la historia reciente de México.
A pesar de los desafíos y las adversidades, el Frayba persistió en su misión de ser voz de
los sin voz y defensor de los derechos humanos. Se convirtió en una reserva crítica frente
a los momentos de euforia y cambio superficial, así como en un articulador de resistencias
frente a proyectos que amenazaban la vida y la dignidad de las comunidades, como la
minería.
En medio de una coyuntura política marcada por elecciones, México enfrenta una etapa
de supuesto fortalecimiento estatal que, lamentablemente, se traduce en un menoscabo
de los derechos humanos y un agravamiento de la violencia, tanto para la ciudadanía
como para la población migrante que huye de la miseria y el terror en sus países de
origen.
El país se ha convertido en un territorio marcado por graves violaciones a los derechos
humanos, sumido en una crisis institucional que lo aleja de su deber de proteger y
garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes.
En este contexto, la impunidad se fortalece durante el periodo electoral. El Gobierno
actual persiste en proyectar una imagen de cambio bajo el estandarte de una Cuarta
Transformación, pero sus acciones reflejan una continuidad con los pactos de impunidad
de administraciones anteriores, profundizando así la crisis de derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad.
Las perspectivas para los sectores marginados y explotados no auguran cambios
estructurales. Las perversiones de gobiernos pasados se mantienen como asignaturas
pendientes, exacerbando una espiral de violencia que deja a la mayoría de la población en
el olvido. Entre los impactos más visibles se encuentran las desapariciones de personas,
los desplazamientos forzados, las ejecuciones extrajudiciales y las privaciones arbitrarias
de la libertad, todo ello en un contexto de represión y fabricación de culpables como
práctica cotidiana.
Documentos de graves violaciones respaldados por fuentes directas señalan a Chiapas
como un epicentro de dolor e indignación debido a la violencia que se vive a diario en la
región. Desde el desplazamiento forzado en Los Altos hasta la corrupción y la
vulnerabilidad de migrantes en la región Costa, pasando por desapariciones y asesinatos
en la zona Centro, Chiapas enfrenta una realidad desgarradora.
En medio de este panorama, las elecciones se presentan como una continuidad del statu
quo, donde la gobernanza criminal prevalece y varios candidatos tienen vínculos con la
delincuencia organizada.
Esta situación no es exclusiva del Gobierno actual, sino que arrastra años de complicidad y
permisividad desde el 2006, bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón.
La complacencia y complicidad de los poderes políticos, económicos e ideológicos han
creado un entorno propicio para los poderes fácticos criminales, configurando un
escenario de macro-criminalidad que desmonta la narrativa oficial de un país en calma.
En este contexto de incertidumbre, las comunidades y los procesos organizativos nos
instan a no claudicar en la lucha y a fortalecer nuestras alianzas en pro de la vida y el
respeto a la madre tierra. Reconocemos que el camino no será fácil y que la lucha será
prolongada, pero mantenemos la esperanza en la unidad de todas y todos, basados en los
principios de la buena vida y en la búsqueda de verdad y justicia, fundamentos esenciales
heredados de los pueblos originarios para la construcción de la paz y la integridad
humana.
El Frayba no ha caminado solo en esta lucha. Desde su origen, ha estado acompañado por
una red de organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales que,
comparten su compromiso con la justicia y la dignidad humana. Instituciones como Desmi,
la Codimuj y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer han sido aliadas en esta batalla
por un México más justo y equitativo.
Hoy, a 35 años de su fundación, el Frayba sigue siendo una fuente confiable de memoria
histórica en el sureste mexicano, donde la dignidad sigue siendo el valor supremo por
encima de las necesidades materiales. Celebramos y felicitamos a los actuales miembros
del Frayba por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos, y nos unimos
al recuerdo de lo que significan tres décadas de compromiso y lucha. Que su ejemplo
inspire a las generaciones presentes y futuras a seguir defendiendo la justicia y la dignidad
para todos los pueblos de México.
A lo largo de más de tres décadasa, el Frayba ha sido un bastión de esperanza y
resistencia, inspirando a generaciones enteras a luchar por un mundo más justo y
equitativo. Su legado perdurará como un ejemplo de la fuerza y la solidaridad del pueblo
chiapaneco en su búsqueda incansable de dignidad y justicia.
