Se imponen sanciones económicas a aquellos que deciden no participar en las elecciones y
actividades políticas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En medio de las festividades de Semana Santa, la parroquia de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas,
ha alzado su voz en un pronunciamiento alarmante sobre la escalada de violencia que asola su
comunidad. En un recuento, los habitantes describieron un escenario de miedo constante, donde
el temor a quedar atrapados en el fuego cruzado y la coacción para participar en actividades
políticas son situaciones que ocurren de manera cotidiana.
La situación, según el testimonio de los lugareños, ha llegado a un punto crítico. Las agresiones de
grupos armados, que han cobrado la vida de incluso menores de edad, han desencadenado una
migración masiva de familias en busca de seguridad. La población se ve obligada a enfrentarse a
un panorama desolador: enfrentamientos, bloqueos, y una sensación de terror que ha paralizado
a la mayoría de las comunidades.
El pronunciamiento, emitido tras una celebración religiosa, destacó la preocupación ante la
presión ejercida por las autoridades municipales para participar en reuniones electorales, bajo la
amenaza de multas y la presencia intimidante de personas armadas. La coacción y el miedo son los
principales ingredientes de una problemática que ha despojado a la población de su derecho a
vivir en paz y seguridad.
El llamado de Chenalhó es desesperado y buscan apoyo en toda la región. Exigen al Gobierno
federal reconocer la violencia desatada por el crimen organizado y garantizar el derecho a la vida.
Claman por el respeto a su autonomía y el cese del uso de los medios de comunicación para
ocultar la cruda realidad que enfrentan día a día.
La situación en Chenalhó es un recordatorio de la urgencia de actuar contra la violencia y la
impunidad que asolan a las comunidades vulnerables. La vida de los habitantes de Chenalhó se ha
visto afectada en los últimos años, esto ha ocasionado rezago educativo, económico y social, por
lo tanto, es responsabilidad de las autoridades responder a su llamado por seguridad y justicia.