Los embarazos adolescentes, combinados con la presencia creciente de tráfico humano, sitúan a
Chiapas en una emergencia social
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En un panorama alarmante, Chiapas, se ve sumido en una crisis relacionada con la trata de
personas. Según un informe realizado por la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias
en Chiapas, el estado se encuentra en la octava posición a nivel nacional en casos de trata de
mujeres. Esta problemática se intensifica en las áreas más marginadas de la región de Los Altos,
donde la vulnerabilidad es palpable.
Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), Chiapas es el número ocho del país con más índices de tráfico de menores, lo que exige
una respuesta inmediata de las autoridades para salvaguardar la integridad de las infancias en la
entidad. El 87 por ciento de las víctimas se encontraban embarazadas y en unión libre, lo que
evidencia la asociación entre la maternidad temprana y la violencia sexual.
Desde 2022 se ha enfrentado esta situación crítica, adicional a los embarazos en niñas y
adolescentes. Se contabilizó un preocupante total de 10 mil 915 nacimientos de madres menores
de edad, lo que equivale al 23.6 por ciento de las cifras nacionales. En ese sentido, las
demarcaciones territoriales más afectadas por dichas problemáticas son Ocosingo, Tapachula,
Tuxtla Gutiérrez y Las Margaritas, lugares donde el desarrollo educacional y el futuro de las
mujeres se ha visto frenado por embarazos tempranos.
Al menos el 50 por ciento de las jóvenes que se encuentran en la zona galáctica, experimentan
condiciones de pobreza extrema, lo que termina por orillarlas a desempeñar este tipo de actividad
y ser presa de proxenetas. Por lo tanto, su vulnerabilidad aumenta al momento de quedar en
periodo de gestación, explicó la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer.
Asimismo, la trata de mujeres representa el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de
México. En Chiapas, estos números solo exponen la fragilidad de las políticas e instituciones que
deberían cuidar a las infancias. Por ello, es fundamental frenar estos abusos y ofrecer una mejor
calidad de vida a las mujeres y niñas de la entidad.
