Docentes, advierten sobre el impacto en la calidad educativa y logística escolar, al establecer
matrículas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Docentes en diversos municipios de Chiapas alzan su voz ante lo que consideran una imposición
injusta por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas (SECH). La denuncia
se centra en la exigencia de una matrícula mínima por salón de clase, un movimiento que ha
despertado inquietudes y críticas entre los profesionales de la educación en la región.
Según las nuevas disposiciones, la SECH establece que en zonas urbanas debe haber un mínimo de
30 alumnos por salón, mientras que en áreas rurales el mínimo se reduce a 15. Esta imposición
choca con las visiones educativas de muchos docentes, quienes consideran que mantener salones
con un máximo de 40 alumnos es ideal para la enseñanza.
El director de la primaria Camilo Pintado en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alberto Nucamendi Grajales,
señal discrepancias entre las normativas y las necesidades reales de las aulas. Mencionó que el
marco conceptual para el análisis de necesidades marca un mínimo de 11 y un máximo de 30
alumnos para poder dividir los grupos de manera efectiva.
Los maestros en primera línea expresan su preocupación por los efectos negativos que podría
tener esta política en la educación de las futuras generaciones. Un docente en Huixtla, advirtió
sobre el daño que supone para los alumnos tener clases abarrotadas, donde la calidad educativa
se ve comprometida.
La situación se agrava con las medidas de la SECH, que podrían llevar al traslado forzoso de
maestros en caso de no cumplirse con las cuotas establecidas. La directora de un jardín de niños
en la región, lamentó que esto podría significar un alejamiento de los docentes de sus
comunidades, lo que desencadenaría más dificultades logísticas.
Además, el incumplimiento de estas cuotas implica la pérdida de apoyos para las escuelas, lo que
significa que deben ser asumidos por los propios docentes. Esta situación afecta aún más a las
escuelas que carecen de Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), un
problema que se extiende incluso a la capital del estado.
La comunidad educativa en Chiapas enfrenta así un desafío que va más allá de las cifras y las
normativas, poniendo en riesgo la calidad y el acceso a una educación digna para todos los niños y
niñas de la región.
