Antoni Ralón protagonizó un controversial video difundido en redes sociales, en donde
se le puede ver bajo efecto del alcohol
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un alarmante episodio de incitación al odio y violencia política, el candidato a regidor
de Morena en Suchiate, Chiapas, Antoni Daniel Ralón López, ha generado controversia al
quemar públicamente propaganda del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) mientras
se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
El incidente tuvo lugar en un bar de la localidad, donde Ralón López fue captado en video
llevando a cabo el acto de quemar una gorra con publicidad del partido rival, mientras
amenazaba de muerte a un simpatizante de RSP que no compartía sus ideales políticos en
Suchiate.
Lo preocupante de este suceso es que el aspirante a regidor parece sentirse intocable,
dado que presume de contar con el respaldo de Sonia Eloína Hernández Aguilar, actual
alcaldesa con licencia de Suchiate y madre del candidato. Esta conexión con la élite
política local plantea interrogantes sobre la impunidad con la que algunos candidatos
operan en la región.
Es importante destacar que Antoni Daniel Ralón López forma parte de la plantilla liderada
por Sergio Alfonso Peralta Hernández, quien fue impuesto como candidato por Morena en
la zona.
Esta relación entre candidatos y figuras políticas establecidas añade un nivel adicional de
complejidad a la situación, especialmente en un contexto donde la violencia política y la
polarización están en aumento.
En México, el 02 de junio marca la fecha crucial para ejercer el derecho al voto, sin
embargo, a medida que se acerca el día de las elecciones, aumentan las preocupaciones
sobre los delitos electorales que amenazan la integridad del proceso democrático. Si bien
esta fecha se reserva para la expresión democrática a través del voto, numerosas
personas aprovechan los días, semanas e incluso meses previos para cometer acciones u
omisiones que socavan este derecho fundamental.
El delito electoral, definido como cualquier acción que manipule o distorsione el proceso
electoral con el objetivo de beneficiar o perjudicar a un candidato, partido político o al
propio proceso democrático, ha generado una creciente inquietud entre los ciudadanos
mexicanos.
Desde servidores públicos hasta candidatos y funcionarios electorales, cualquiera puede
verse envuelto en actos que atenten contra la legitimidad de las elecciones.
Entre los delitos electorales más comunes se encuentran la compra de votos, el
condicionamiento de programas sociales a cambio del voto, la utilización indebida de
recursos públicos para favorecer a ciertos candidatos, la difusión de información falsa para
desacreditar a oponentes políticos, entre otros. Estas prácticas no solo distorsionan la
voluntad popular, sino también socavan la confianza en el sistema democrático.
Las autoridades electorales y organismos encargados de garantizar la transparencia y
legalidad de las elecciones han intensificado sus esfuerzos para prevenir y sancionar estos
actos ilícitos. Sin embargo, la persistencia de los delitos electorales plantea un desafío
constante para el Estado de Derecho y la consolidación de la democracia en México.
Ante este panorama, la sociedad civil juega un papel crucial en la vigilancia y denuncia de
posibles irregularidades durante el proceso electoral. La participación ciudadana activa y
el compromiso con la legalidad son fundamentales para preservar la integridad del
sistema democrático y garantizar elecciones libres y justas.
DELITOS ELECTORALES EN MÉXICO: CONOCE TUS DERECHOS Y CÓMO DENUNCIAR
En el marco del proceso electoral en México, es fundamental conocer cuáles son los
delitos electorales y cómo proceder en caso de presenciarlos. Estos delitos, que van desde
la manipulación de credenciales de elector hasta el intento de compra de votos, atentan
contra la integridad y la legitimidad del proceso democrático.
Entre los delitos electorales tipificados en la legislación mexicana se encuentran:
- Apoderarse, destruir, alterar, poseer, comercializar o suministrar credenciales de
elector, listado nominal, actas y paquetes electorales. - Solicitar votos a cambio de dinero u otro beneficio.
- Entorpecer el desarrollo de las votaciones.
- Solicitar evidencia respecto al sentido del voto a través de fotos o declaraciones
firmadas. - Votar o intentar hacerlo más de una vez en la misma elección.
- Votar con una credencial de elector que no corresponda a la persona o sin cumplir los
requisitos necesarios. - Ante la comisión de uno de estos delitos, es importante saber cómo y dónde denunciar.
Un ejemplo claro es el caso de Jorge, quien decidió tomar acción cuando un amigo le
ofreció dinero a cambio de su voto para un candidato en particular.
Jorge, al presenciar esta situación, recopiló evidencia del delito, incluyendo documentos
relevantes, nombres de testigos, fotografías o grabaciones. Luego, detalló los hechos,
indicando cómo, cuándo y dónde ocurrió el delito electoral.
Para presentar su denuncia, Jorge acudió a un Ministerio Público local, uno de los medios
disponibles para atención. Además, existen otras opciones, como los sistemas de atención
ciudadana FEDENET y FEDETEL, así como la posibilidad de acudir a un agente del
Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o a las autoridades
policiales.
Una vez presentada la denuncia, se inició una investigación que culminó con la
determinación de la culpabilidad de su amigo en el delito electoral. Como resultado, se
solicitó una orden de aprehensión para ponerlo a disposición del juez de Control
correspondiente y resolver el caso conforme a la ley.
En un contexto donde la transparencia y la legalidad son pilares fundamentales del
sistema democrático, es vital estar informado sobre los delitos electorales y saber cómo
actuar en caso de presenciarlos. Denunciar estas acciones contribuye a fortalecer la
democracia y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
Según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), el panorama de
los delitos electorales ha mantenido una preocupante tendencia al alza desde septiembre
de 2023 hasta enero de 2024. Durante este periodo, la Fiscalía Especializada en materia de
Delitos Electorales (Fisel) ha iniciado un total de 73 carpetas de investigación en relación
con posibles infracciones a la normativa electoral.
De acuerdo con el informe de la FGR, el 94.52 por ciento de estas investigaciones,
equivalente a 69 casos, están relacionadas con violaciones a la Ley General en Materia de
Delitos Electorales. Los cuatro casos restantes fueron catalogados como violaciones al
Código Penal Federal en materia electoral.
En cuanto a la distribución temporal de estas investigaciones, se observa que el mes de
diciembre del año anterior concentró la mayor cantidad de casos, con un total de 18
investigaciones iniciadas. Le siguen en orden de incidencia los meses de octubre, con 15
casos; enero de 2024, con 13 casos; noviembre, con 12 casos; y septiembre de 2023, con
11 casos.
Respecto a la distribución geográfica de las investigaciones, la Ciudad de México lidera el
listado con 32 indagaciones, representando así la entidad con el mayor número de casos
reportados.
Esta cifra supera considerablemente al segundo lugar, ocupado por el Estado de México,
con apenas siete investigaciones iniciadas.
El estado de Nuevo León se posiciona en tercer lugar con cuatro investigaciones, seguido
por Chihuahua con tres casos. Por su parte, Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Jalisco, Morelos y Yucatán registran dos investigaciones cada uno, completando así el
listado de las entidades con mayor número de averiguaciones por presuntos delitos
electorales.
Ante este preocupante escenario, la FGR reitera su compromiso con la aplicación
imparcial de la ley y la persecución de cualquier acto que atente contra la integridad y
transparencia del proceso electoral.
En conclusión, a medida que se acerca la fecha de las elecciones en México, es imperativo
estar alerta ante cualquier indicio de delito electoral y trabajar en conjunto para proteger
el derecho fundamental de cada ciudadano a elegir a sus representantes de manera libre y
equitativa. Solo con un compromiso firme con la democracia se podrá construir un futuro
donde la voz de todos sea respetada y valorada en el ámbito político.
