Los familiares de las víctimas exponen irregularidades e irresponsabilidad de autoridades y
particulares
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Seis meses han transcurrido desde el fatídico suceso que conmocionó a Tuxtla Gutiérrez: el
accidente del colectivo 05 de la ruta 91. Cinco vidas se perdieron en ese trágico día, mientras que
otras once personas resultaron heridas, algunas de ellas con secuelas que persisten hasta hoy.
La comunidad aún no logra recuperarse del impacto emocional y material de este incidente. Las
familias de las víctimas, aún en duelo, luchan por encontrar respuestas y justicia. Sin embargo, su
camino hacia la reparación se ve obstaculizado por una serie de irregularidades y falta de
responsabilidad por parte de los implicados.
El propietario del colectivo, cuya negligencia o falta de mantenimiento podrían haber contribuido
al accidente, apenas ofrece una compensación mínima a los familiares de las víctimas. Mientras
tanto, el propietario del vehículo Vento gris, cuyo presunto vínculo como cuñado del secretario del
Sindicato de Salud estatal ha generado controversia, parece evadir sus responsabilidades.
La situación se agrava por los comentarios de la parte legal involucrada, que sugiere una estrategia
de demora para reducir las demandas de los afectados. Esta falta de empatía y transparencia
indigna a quienes perdieron a sus seres queridos en un accidente que podría haberse evitado.
Es imperativo que las autoridades de transporte y Fiscalía tomen medidas contundentes para
garantizar que se haga justicia y se brinde el apoyo necesario a las familias afectadas. Este caso no
puede ser ignorado como un simple incidente de tránsito; es un recordatorio de la necesidad de
mejorar la seguridad vial y la responsabilidad en el transporte público.
Es crucial que se establezcan mecanismos de control más estrictos para prevenir futuros
accidentes y se exija a los operadores de transporte público cumplir con los estándares de
seguridad necesarios. Solo así se podrá evitar más eventos trágicos que expongan la integridad de
los usuarios, así como exigir a las autoridades de justicia cumplir con sus funciones.
