La presencia multitudinaria habitantes, reflejó el compromiso de feligreses con la
construcción de un entorno seguro y justo para todos
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una demostración masiva de fe y compromiso cívico, miles de fieles católicos se
congregaron en el municipio tsotsil de Chalchihuitán en una histórica peregrinación por la
vida y la paz. El evento, encabezado por el párroco local, José Elías Hernández, tuvo como
objetivo principal demandar que las elecciones programadas para el próximo 2 de junio se
desarrollen en un ambiente de paz, sin armas y sin violencia.
“Es tiempo de contiendas electorales, y es nuestro deber exigir que las votaciones sean un
ejercicio de libertad y tranquilidad. Ante amenazas y rumores de que grupos políticos
están armándose, es crucial que se garantice un proceso electoral transparente y
pacífico”, enfatizó el sacerdote Hernández durante la marcha.
La presencia multitudinaria de hombres, mujeres, niñas y niños reflejó el compromiso de
la comunidad católica con la construcción de un entorno seguro y justo para todos. Entre
las demandas específicas de los manifestantes destacó el llamado a cerrar las cantinas y
establecer la ley seca en la localidad.
“Al recorrer las calles del pueblo, pasamos frente a las cantinas para concientizar a los
dueños sobre el daño que causan al vender alcohol. Además, existe la preocupación de
que estos establecimientos clandestinos estén relacionados con la venta de drogas, por lo
que pedimos la intervención urgente de la Secretaría de Salud”, explicó el religioso.
La solicitud de los participantes en la peregrinación representa un llamado a las
autoridades competentes para que tomen medidas efectivas que promuevan un proceso
electoral transparente y pacífico. La comunidad católica de Chalchihuitán reafirma así su
compromiso con la construcción de una sociedad justa, libre de violencia y con pleno
respeto a los derechos democráticos de todos sus ciudadanos.
En un acto de protesta contra el alcoholismo y la drogadicción que azotan su comunidad,
más de 500 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, se unieron en una marcha
religiosa en Chalchihuitán, uno de los municipios más marginados de Chiapas. El motivo
principal de esta movilización fue recordar el trágico asesinato del catequista Lorenzo
García, ocurrido hace un año el 30 de abril de 2023, y exigir medidas concretas para poner
fin a la proliferación de cantinas en la zona.
El sacerdote local, quien lideró la marcha, destacó la angustia y el sufrimiento de las
familias, especialmente de las mujeres, quienes, según él, son las más afectadas por esta
situación. “Ellas son las que más sufren”, enfatizó, mientras hacía un llamado urgente a las
autoridades para abordar este problema que ha cobrado vidas y ha generado un clima de
inseguridad en la comunidad.
Chalchihuitán, situado en la región de Los Altos de Chiapas, ha visto crecer
alarmantemente el número de establecimientos clandestinos y conocidos que venden
alcohol, llegando a contabilizarse hasta 50 de ellos solo en la cabecera municipal, además
de estar dispersos por las comunidades, cruceros y caminos, e incluso en las cercanías de
las escuelas.
Esta proliferación de cantinas ha traído consigo una serie de consecuencias devastadoras,
desde casos de suicidio, homicidio y accidentes automovilísticos, hasta la exacerbación de
la violencia y la pobreza en la región, como señaló José Elías Hernández, un residente
local.
La marcha religiosa comenzó en la entrada del pueblo y recorrió cinco kilómetros hasta
llegar al centro, donde los participantes, con rostros de determinación, exigieron un
cambio.
La manifestación culminó con una misa celebrada en el domo, donde se ofrecieron
plegarias por la paz y la protección de las familias afectadas por el alcoholismo y la
drogadicción.
Una comisión de 20 mujeres, representantes de la lucha contra las cantinas, se presentó a
primera hora de la mañana en la Presidencia municipal para entregar un documento con
sus demandas y expresar su dolor ante la falta de acción por parte de las autoridades.
“Llevamos un año en esta lucha y no nos han hecho caso, por el contrario, vemos que la
situación empeora”, lamentaron las participantes.
La voz de estas mujeres resonó en las calles de Chalchihuitán, clamando por un cambio
urgente y por medidas concretas que pongan fin a la proliferación de cantinas y que
brinden apoyo a las familias afectadas por el alcoholismo y la drogadicción. En medio del
dolor y la indignación, estas mujeres continúan su lucha, decididas a proteger la vida y el
futuro de sus hijos y nietos.
Hace apenas unas semanas, cientos de desplazados de comunidades en municipios como
Chalchihuitán y Aldama, han elevado su voz en demanda de la reparación de los daños
sufridos debido a distintas situaciones de conflicto. En una conferencia de prensa
celebrada en San Cristóbal de Las Casas, los representantes de los afectados de estos
territorios han exigido de manera enérgica la atención y acción por parte de los tres
órdenes de Gobierno.
Este llamado de atención busca poner de relieve la situación de vulnerabilidad y
sufrimiento que enfrentan estos grupos de personas desplazadas, así como instar a las
autoridades correspondientes a tomar medidas concretas y efectivas para garantizar su
seguridad, bienestar y restablecimiento en sus comunidades de origen.
El Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno llevó a cabo una
reunión los días 19 y 20 de febrero en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. En esta
reunión, se contó con la participación de representantes del Gobierno estatal, la
Secretaría de Protección Civil, diversos organismos de derechos humanos, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
El propósito principal de este encuentro fue el de escuchar las perspectivas de las
personas desplazadas internas, la academia, defensores de derechos humanos y
miembros de la sociedad civil respecto a los desafíos y oportunidades para atender el
desplazamiento interno en la entidad. Se buscaba que las aportaciones de estos sectores
pudieran integrarse para fortalecer los instrumentos existentes en esta materia.
Se destacó que la convocatoria a esta reunión se enmarca en la iniciativa de Reforma de
Ley realizada por el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno
en Coordinación con ACNUR y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Chiapas. El objetivo de esta iniciativa es actualizar los estándares y mejorar
el diseño normativo para la atención del desplazamiento interno.
Sin embargo, las personas desplazadas manifestaron su preocupación al señalar que, si
bien las autoridades y organismos de derechos humanos tienen pleno conocimiento de su
condición de desplazados forzados internos, no fueron convocados directamente como
titulares de este derecho a participar en la consulta y el proceso de actualización de las
leyes sobre desplazamiento. Esto, consideran, afecta la protección de sus derechos
humanos.
Es importante resaltar que el desplazamiento interno es una problemática compleja que
requiere de la colaboración y participación activa de todos los actores involucrados para
garantizar una atención integral y respetuosa de los derechos de las personas afectadas.
Por lo tanto, es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de consulta y
participación para asegurar una adecuada representación de las voces de quienes se
encuentran en situación de desplazamiento interno.
La atención y respuesta adecuada a estas demandas resulta crucial para evitar la
prolongación de un conflicto que ha causado un profundo impacto en la vida de
numerosas familias y comunidades en Chiapas.
En los últimos años, el estado ha sido testigo de un preocupante aumento en el tráfico y
consumo de drogas, así como en los índices de homicidios, feminicidios y desapariciones.
Además, se han impuesto toques de queda en diversas regiones debido a las constantes
agresiones armadas contra comunidades enteras. Estas preocupantes situaciones han sido
alertadas en el informe “Chiapas un desastre”, presentado por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Según el informe del Frayba, durante el período comprendido entre 2020 y 2022, se ha
evidenciado un fenómeno de violencia que ha llevado a la expulsión masiva de
comunidades enteras en diferentes regiones de Chiapas. Entre 2018 y 2022, más de 12 mil
personas han sido desplazadas de forma permanente e intermitente en las regiones de
Altos, Norte y Zoque.
El Frayba destaca que ha documentado el desplazamiento de tres mil 499 personas del
municipio de Aldama, cinco 023 personas de Chalchihuitán, tres mil 200 habitantes de los
municipios de Pantelhó y Chenalhó, 87 personas del ejido Guayabal Esquipulas del
municipio de Chapultenango, y 250 personas del ejido Santa Martha del municipio de
Chenalhó, durante el período mencionado.
El alto nivel de conflictos y violencia que enfrentan los municipios de la Frontera y Sierra
de Chiapas plantea un desafío significativo para la instalación de 207 secciones electorales
programadas para la jornada del próximo 2 de junio. Esta preocupante situación fue
destacada por vocales del INE y representantes de partidos políticos.
En palabras de Genaro Morales, representante del Partido Revolucionario
Institucionalidad (PRI) ante el Consejo Local del INE en Chiapas, “Son muchos los
territorios donde no hay condiciones para que se realice la jornada electoral”. Morales
señaló ejemplos concretos de esta problemática, citando los casos de Frontera Comalapa,
Honduras de la Sierra y Siltepec.
En Frontera Comalapa, las elecciones locales del 2021 se llevaron a cabo, pero fueron
anuladas debido a actos de violencia, y las extraordinarias del 2022 no se realizaron. En
Honduras de la Sierra, no se llevaron a cabo las elecciones ordinarias del 2021 ni las
extraordinarias del 2022. Mientras que en Siltepec, no se realizaron elecciones ordinarias
en 2021, pero sí se llevaron a cabo las extraordinarias en 2022.
Estos antecedentes evidencian la compleja situación en la que se encuentran estos
municipios, donde la violencia y los conflictos pueden obstaculizar el desarrollo de
procesos electorales libres y justos. Ante este panorama, resulta crucial que las
autoridades competentes implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad y la
participación ciudadana en el proceso electoral del próximo 2 de junio en Chiapas.
El vocal del Consejo Distrital IX del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tuxtla Gutiérrez,
Efraín Alonso Lastra Everardo, ha expresado que se ha llevado a cabo una exhaustiva
planificación del proceso electoral federal. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que
surjan complicaciones, especialmente debido a situaciones de seguridad que podrían
presentarse en algunas regiones del territorio chiapaneco.
Alonso Lastra señaló que es responsabilidad de las autoridades de seguridad garantizar las
condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso electoral. Afirmó que, hasta el
momento, todas las actividades se están llevando a cabo sin contratiempos por parte del
Consejo Local del INE. No obstante, los desafíos de seguridad deben abordarse en
colaboración con las instituciones pertinentes.
En cuanto a la seguridad durante la jornada electoral, se informó que cada una de las
sedes de los trece Consejos Distritales Electorales cuenta con seguridad privada. Además,
se espera la presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una vez que
lleguen las boletas electorales.
Por otro lado, la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, destacó el desafío que representa la
organización de las elecciones en contextos complejos debido a los altos índices de
violencia registrados. Sin embargo, resaltó el compromiso del gobernador Rutilio
Escandón Cadenas de generar condiciones seguras para el desarrollo de la sucesión
gubernamental, así como para la elección de 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales.
