Inseguridad desata debate sobre medidas necesarias para asegurar la integridad de las elecciones
2024
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
El aspirante a diputado federal por la coalición PRI, PAN y PRD en el segundo distrito electoral de
Chiapas, Víctor Ortiz del Carpio, ha generado controversia al solicitar al Instituto Nacional Electoral
(INE) la anulación del proceso electoral en el municipio indígena de Pantelhó. Esta petición surge
en respuesta a las condiciones de inseguridad que han impedido el desarrollo normal de la
campaña electoral en la región.
Ortiz del Carpio ha hecho hincapié en la gravedad de la situación, al destacar que tanto él como
otros candidatos no han logrado ingresar a Pantelhó para llevar a cabo actividades de proselitismo
político debido a los episodios de violencia registrados recientemente. En este sentido, ha
señalado la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos los actores involucrados
en el proceso electoral, tanto a nivel federal como local.
El segundo distrito electoral de Chiapas abarca un total de 16 municipios en la región de Los Altos,
entre los que se encuentra Pantelhó. Ante la falta de avances en la construcción de la paz y los
acuerdos en la zona, el candidato ha instado a los líderes políticos a promover el diálogo y buscar
soluciones a largo plazo para abordar los desafíos de seguridad en la región.
Esta propuesta surge en un contexto marcado por la historia de conflictos políticos y sociales en
Pantelhó. En las elecciones locales ordinarias del 2021, el municipio enfrentó una situación atípica
cuando la alcaldesa electa, Raquel Trujillo Morales, no pudo asumir el cargo debido a la
inseguridad y tuvo que rendir protesta ante un notario público en Tuxtla Gutiérrez. Desde
entonces, el municipio ha sido gobernado por concejos designados por el Congreso del Estado.
Ante esta situación, Ortiz del Carpio ha llamado a las autoridades federales y estatales a tomar
medidas firmes para restablecer el orden y garantizar la seguridad en Pantelhó. Su propuesta
busca garantizar la integridad del proceso electoral y proteger los derechos democráticos de los
ciudadanos de la región.
