Han señalado que las agresiones y extorsiones a los habitantes, cuentan con el respaldo de
autoridades municipales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La comunidad de Tila, en Chiapas, ha sido sacudida por una serie de actos violentos perpetrados
por el grupo conocido como Autónomos, según denuncias presentadas por el Comité de Derechos
Humanos Digna Ochoa. Estos acontecimientos han generado alarma entre los habitantes, quienes
señalan al presidente municipal, Limberg Gregorio, como supuesto responsable de estos abusos.
Los relatos de los afectados describen una situación de violencia indiscriminada, donde el grupo
armado actúa con total impunidad y, según afirman, con la complicidad de autoridades locales. Se
ha reportado la presencia de líderes identificados como José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El
Quemado”, quienes, según testimonios, orquestan estas acciones violentas en colaboración con
las fuerzas municipales.
Las comunidades afectadas por estos hechos incluyen a Nicolás Bravo, Chulum Chico, Unión
Juárez, Misijá, Río Grande Sañoja 1 y 2 sección, y Chukpatiol. Se ha señalado la instauración de un
sistema de extorsión, donde se exige el pago de cuotas, de lo contrario los atentados contra la
población no se harían esperar.
La situación ha generado un profundo temor entre los residentes y los más vulnerables son los
niños, niñas y adolescentes de la región, quienes se ven obligados a caminar en conjunto con la
intención de resguardar su integridad. Ante este escenario desalentador, organizaciones de la
sociedad civil como Digna Ochoa y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba) han levantado la voz para exigir erradicar la violencia de las comunidades indígenas y
velas por la seguridad de los infantes.
Se hace un llamado urgente a los tres órdenes de Gobierno y a las autoridades de derechos
humanos para que tomen medidas inmediatas y efectivas que garanticen la protección de la
población afectada. Es imperativo detener estos actos de violencia y asegurar el respeto irrestricto
a los derechos humanos en Tila y sus comunidades circundantes.
La sociedad civil, en su conjunto, demanda una acción contundente por parte de las autoridades
competentes para restablecer la paz y la seguridad en la región, así como para llevar ante la
justicia a los responsables de estos actos criminales.
