Las advertencias plantean preocupaciones sobre seguridad e integridad de elecciones
municipales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Ante una serie de amenazas intimidatorias por parte de sus adversarios políticos durante el
transcurso de la campaña electoral recibidas en forma de llamadas telefónicas y mensajes
anónimos, el candidato de la alianza “Fuerza y Corazón por Tuxtla Chico” a la Presidencia
municipal, Julio Enrique Gamboa Altuzar, hizo una denuncia pública de los actos que pretenden
coaccionar su retirada de la contienda electoral 2024.
El candidato denunció que las amenazas incluyen advertencias explícitas de violencia y muerte si
persiste en su participación en la contienda política. A pesar de la gravedad de estas
intimidaciones, Gamboa Altuzar ha reafirmado su determinación de continuar en la carrera por la
alcaldía de Tuxtla Chico, comprometiéndose a no dejarse amedrentar por prácticas
antidemocráticas.
En respuesta a estas amenazas, el equipo de campaña de Gamboa Altuzar evalúa la posibilidad de
presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen
estos actos intimidatorios y se garantice la seguridad del proceso electoral.
“Estas amenazas buscan socavar la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir con libertad
a sus representantes. No permitiremos que el miedo dicte nuestro camino. Seguiremos adelante
con nuestras propuestas y nuestra visión para Tuxtla Chico”, afirmó Gamboa Altuzar en un
comunicado público.
El candidato también hizo un llamado a la civilidad en el desarrollo de la campaña electoral,
exigiendo que sus contendientes políticos se enfoquen en propuestas constructivas y respetuosas
en lugar de recurrir a tácticas de intimidación y violencia.
“La integridad del proceso electoral es fundamental para nuestra comunidad. Insto a todos los
actores políticos a mantener un ambiente de respeto y diálogo democrático en beneficio de todos
los ciudadanos de Tuxtla Chico”, concluyó Gamboa Altuzar.
Estos acontecimientos subrayaron la importancia de garantizar un proceso electoral justo y
seguro, donde la integridad de los candidatos y la voluntad popular prevalezcan sobre cualquier
forma de intimidación o amenaza.
