70 por ciento de los ríos en Chiapas están afectados, presentan sequías periódicas y
señales claras del cambio climático
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una iniciativa sin precedentes, Mónica Olvera Molina, directora de Estrategia de
Cambio Sistémico de Cántaro Azul, ha presentado la “Agenda Chiapas por el Agua, Hacia
un Plan de Justicia Hídrica”. Esta agenda, elaborada con meticulosidad y compromiso,
establece quince compromisos esenciales que deben ser abordados por las instituciones
públicas de los tres órdenes de Gobierno.
El primero y más fundamental de estos compromisos es la garantía de los derechos
humanos al agua y al saneamiento como política de Estado. En un contexto donde el
acceso al agua potable es un desafío cotidiano para millones de personas, esta medida
representa un paso crucial hacia la equidad y la justicia social. Asimismo, se plantea la
necesidad de reconocer el agua como un bien común, de propiedad de la nación,
destinado al beneficio social.
Un aspecto central de la Agenda Chiapas por el Agua es la democratización del sector
hídrico a través de la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la rendición
de cuentas. Este enfoque busca empoderar a las comunidades para que participen
activamente en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua y el
saneamiento, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas.
La perspectiva de género también ocupa un lugar destacado en esta agenda, con el
objetivo de garantizar que todas las políticas y programas relacionados con el agua y el
saneamiento sean inclusivos y equitativos. Además, se promueve el diálogo de saberes y
se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a gestionar el agua y el saneamiento en
sus territorios de acuerdo con sus tradiciones y valores culturales.
Otro compromiso crucial es garantizar la calidad del agua para proteger la salud de todas
las personas. En un momento en que la contaminación del agua representa una amenaza
para la salud pública, es imperativo adoptar medidas efectivas para preservar la pureza y
la seguridad del agua que consumimos.
La Agenda Chiapas por el Agua también enfatiza la necesidad de cerrar la brecha de
desigualdad en el acceso al agua y al saneamiento en hogares de comunidades rurales e
indígenas. Esta desigualdad persistente es inaceptable en una sociedad que aspira a la
justicia y la equidad para todos sus miembros.
Para lograr estos objetivos, es fundamental fortalecer la gestión comunitaria del agua
como pilar del acceso universal al agua y al saneamiento. Al empoderar a las comunidades
para que asuman un papel activo en la gestión de sus recursos hídricos, se puede
garantizar un acceso equitativo y sostenible al agua para todos.
Asimismo, se promueve la colaboración público-comunitaria para mejorar la
infraestructura en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Al trabajar en
conjunto, el Gobierno y las comunidades pueden identificar y abordar de manera más
efectiva las necesidades y desafíos en materia de agua y saneamiento.
Durante la presentación en la Universidad Autónoma de Chiapas, la representante de la
asociación civil de Chiapas destacó la urgencia de abordar la crisis de abastecimiento de
agua y saneamiento en la región. Según un monitoreo de medios realizado en 2022, se
evidenció la omisión de este problema crucial en los medios de comunicación, lo que
indicaba una falta de atención hacia las demandas comunitarias. Chiapas, el segundo
estado con mayor mortalidad infantil en el país, se ve especialmente afectado por
enfermedades gastrointestinales, con el 48 por ciento de las muertes infantiles
relacionadas con esta causa.
Sin embargo, se subrayó que gran parte de estas tragedias podrían prevenirse si hubiera
acceso a agua segura y saneamiento adecuado.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de promover políticas públicas que fomenten
tecnologías sostenibles en agua y saneamiento, con un enfoque comunitario y de largo
plazo. Además, se enfatizó la importancia de proteger los bosques y suelos como medida
para preservar las fuentes de agua y los ecosistemas hídricos, fundamentales para la vida
y el bienestar de la población.
Para abordar estas problemáticas de manera integral, se propone el desarrollo de
programas educativos y campañas de comunicación que promuevan los derechos
humanos al ambiente sano, al agua y al saneamiento. Estas iniciativas no solo buscan
informar a la población sobre sus derechos, sino también sensibilizar y empoderar a las
comunidades para exigir soluciones a las autoridades pertinentes.
En resumen, la Agenda Chiapas por el Agua representa un llamado a la acción para
abordar los desafíos urgentes en materia de agua y saneamiento en el estado de Chiapas y
más allá. Con un enfoque en la justicia hídrica, la equidad de género y la participación
comunitaria, esta agenda ofrece un marco integral para promover un acceso equitativo y
sostenible al agua para todos los habitantes de la región.
La Agenda Chiapas por el Agua hace hincapié en la importancia de garantizar los derechos
humanos al agua y al saneamiento de las infancias y juventudes en los espacios públicos.
Todos los niños y jóvenes tienen derecho a un entorno saludable y seguro, y el acceso al
agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas es esencial para proteger su bienestar.
En medio de la crisis hídrica que atraviesa México, se pone en evidencia una vez más la
centralización de las políticas relacionadas con el vital líquido. Lamentablemente, gran
parte de las decisiones cruciales sobre el agua se toman desde las instituciones centrales,
con un presupuesto cada vez más reducido para atender una problemática que afecta a
millones de personas en todo el país.
Según datos alarmantes, la inversión en agua y saneamiento ha experimentado una
disminución del mil por ciento en los últimos años. Una cifra tan abrumadora que resulta
difícil de comprender, especialmente cuando se analizan casos como el de la crisis hídrica
en Monterrey, donde el presupuesto asignado equivale a cien años de inversión para el
estado. Esta situación deja en claro que, para muchas regiones, el acceso al agua potable
es un derecho aún no garantizado y relegado en las agendas políticas.
En este contexto, Chiapas emerge como un epicentro de lucha por el derecho al agua.
Durante el año 2023, se llevaron a cabo tres encuentros fundamentales en la región,
donde se congregaron las principales organizaciones y comunidades afectadas por la
negación de este derecho humano fundamental. Desde las comunidades rurales hasta las
infancias, juventudes, mujeres y pueblos indígenas, se hizo patente la necesidad de
reconocer la capacidad de organización para hacer frente a esta problemática.
Olvera Molina, uno de los voceros de estas comunidades afectadas, enfatizó la urgencia
de implementar un plan de justicia hídrica para Chiapas. A pesar de ser el estado con el 30
por ciento de los recursos hídricos del país, las evidencias de la crisis son contundentes y
preocupantes. Cada día, se evidencia al menos un caso grave de escasez de agua y sus
consecuencias devastadoras, resaltando la falta de atención suficiente por parte de las
autoridades.
El llamado a los tomadores de decisiones es claro y urgente: es necesario descentralizar
las políticas hídricas y aumentar significativamente la inversión en agua y saneamiento.
México no puede seguir ignorando una crisis que afecta directamente la vida de millones
de personas en todo el país. Es hora de poner la problemática en el mapa y tomar
medidas concretas para garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua para todos los
mexicanos.
CRISIS DEL AGUA EN CHIAPAS: DERECHOS CONSTITUCIONALES INCUMPLIDOS
En el marco del artículo 4 de la Constitución Mexicana, que reconoce el acceso al agua y al
saneamiento como derechos fundamentales, Chiapas enfrenta una situación alarmante. A
pesar de ser poseedor del 30 por ciento de los recursos hídricos del país y contar con una
población de más de cinco millones de personas, el estado falla en garantizar estos
derechos a gran parte de su población.
En un escenario donde el acceso diario al agua apenas alcanza el 35 por ciento de la
población, las comunidades rurales, hogar del 51 por ciento de los chiapanecos, y en
particular, las comunidades indígenas que representan el 26 por ciento de la población
total, se ven gravemente afectadas. La falta de acceso al agua obliga a mujeres, niños y
niñas a realizar largos recorridos a pie para abastecer a sus familias, poniendo en riesgo su
seguridad y salud.
La calidad del agua en Chiapas es otro aspecto preocupante, siendo el estado con el
menor porcentaje de agua desinfectada para consumo humano en el país. Esta situación
contribuye directamente a las altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil, con el 48
por ciento de las enfermedades estomacales evitables con medidas de higiene y acceso a
agua segura.
A pesar de su imagen turística como paraíso hídrico, Chiapas enfrenta graves problemas
de contaminación, con el 70 por ciento de sus ríos afectados, sequías periódicas y señales
claras del cambio climático. Solo 41 de los 124 municipios cuentan con plantas de
tratamiento de aguas residuales, y en algunos, como San Cristóbal de Las Casas, ni siquiera
tienen esta infraestructura, lo que se relaciona directamente con altos niveles de
enfermedades gastrointestinales y cáncer gástrico entre la población.
La inversión federal en agua y saneamiento en Chiapas ha disminuido drásticamente en la
última década, pasando de mil millones a solo 100 millones de pesos anuales, a pesar de
las graves consecuencias para la salud y los altos costos económicos asociados. Es urgente
que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar el acceso al agua y al
saneamiento como derechos fundamentales de todos los chiapanecos.
Finalmente, se resalta la importancia de garantizar el cumplimiento de los acuerdos
estratégicos para el avance de los derechos humanos al agua y saneamiento. Esto implica
una acción coordinada entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores relevantes para
asegurar que se tomen las medidas necesarias para mejorar la situación actual y
garantizar el acceso equitativo a estos servicios básicos para todos los habitantes de
Chiapas y de México en su conjunto.