Héctor Estrada
Hartos de las mafias transportistas en Chiapas
El embate de las mafias transportistas para imponer sus condiciones en Chiapas e impedir
el funcionamiento de plataformas como Uber y DiDi ha expuesto nuevamente el
verdadero rostro de un sector que, ha dejado claro, NO está dispuesto a abrir espacio a la
competencia, pero tampoco a mejorar o modernizar sus condiciones de servicio.
Lo que hoy sucede en Chiapas no solo debe leerse como una guerra declarada contra las
nuevas plataformas, sino también contra los intereses de los propios usuarios a quienes se
intenta dejar sin alternativas. Y es que, la postura de las mafias ha sido bastante clara:
están dispuestos a aceptar el funcionamiento de DiDi y Uber en la entidad, siempre y
cuando solo sean los taxistas concesionados quienes brinden el servicio dentro de las
plataformas.
En el pliego de exigencias públicas los taxistas ni siquiera han puesto sobre la mesa el
compromiso de mejorar sus unidades y elevar la comodidad del servicio, en caso de que
se acepte entregarles nuevamente el monopolio. En ese sentido no ha habido punto de
negociación, lo que ellos piden es que las cosas retornen al mismo estado en que se
encontraban antes del ingreso de DiDi y Uber a Chiapas.
Hoy aseguran que simplemente están defendiendo sus derechos, por lo que piden
insistentemente se haga valer la Ley de Movilidad y Transportes en Chiapas. Irónicamente,
ahora sí, exigen que se aplique al pie de la letra una legislación que lleva años violada por
ellos mismos y las propias autoridades transportistas. Una ley que, de entrada, prohíbe la
multipropiedad (simulada o no) de concesiones en una sola persona y la operación de
unidades con más de cinco años de vida útil.
Sin embargo, de lo que hoy no hablan las mafias de taxis es de los acuerdos hechos con
autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transportes para permitirles poner en
circulación unidades adicionales (piratas) sin concesiones, bajo permisos especiales no
contemplados por la ley, números económicos clonados y cuotas discrecionales cuyo
destino todavía no ha sido aclarado con puntualidad.
De la regulación de tarifas justas, la comodidad del servicio y las medidas para garantizar
la seguridad de los usuarios, también obligadas por la misma legislación, ya ni siquiera
hablamos. Al final de cuentas, para todas esas violaciones anteriores a la ley no hay ni
habrá reclamos de justicia indignada por parte del sector. Al contrario, en esos casos el
silencio siempre ha sido el más conveniente para preservar los pactos de beneficio mutuo.
Es mentira que quieran hoy defender el Estado de Derecho y la legalidad en el rubro.
Nunca ha sido una prioridad para esas mafias del transporte. Tampoco resulta
convincente que ahora sí hayan hecho conciencia sobre la calidad y seguridad en su
servicio. Ni si quiera lo han hecho cuando sus excesos y omisiones han cobrado la vida de
personas inocentes en fatales accidentes que bien pudieron evitarse.
Lo que las mafias buscan es amedrentar nuevamente para imponer sus condiciones y
mantener intocables sus privilegios, aún por encima de los miles de usuarios en Chiapas,
que están ya hartos de que los pactos oscuros sigan imponiéndose a sus necesidades y
que, al final de cuentas, deberían tener en sus manos la posibilidad de elegir el tipo de
servicio que deseen pagar… así las cosas.
