Empresarios agredidos por policías durante reparto de despensas. Acusan falta de transparencia
en elecciones
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En un incidente que ha generado indignación, dos empresarios del municipio de Tecpatán, Antonio
y Alejandro Conde, fueron víctimas de agresión por parte de policías locales mientras
documentaban la distribución de despensas en la comunidad de Luis Espinosa. Este acto,
denunciado como un abuso de recursos públicos con fines electorales, refleja una práctica
controvertida que ha levantado preocupaciones sobre la transparencia y la integridad del proceso
electoral en la región.
Los hermanos Conde relataron cómo fueron sometidos y golpeados por los agentes después de
ser descubiertos al grabar la entrega de apoyos, que, según ellos, estaban siendo utilizados para
impulsar la candidatura del hijo del exalcalde priista Jorge Guzmán. Este tipo de acciones, que
sugieren un uso indebido del erario público para influir en las elecciones, socavan la equidad y la
legalidad del proceso democrático.
Es crucial destacar la importancia de denunciar los delitos electorales y las malas prácticas que
amenazan la integridad del voto libre y secreto. La coacción del voto, ejemplificada en situaciones
como esta, representa un abuso a los derechos democráticos de los ciudadanos y debe ser
abordada con firmeza por las autoridades electorales.
Además de la violencia policial, los empresarios también señalaron la distribución selectiva de
beneficios públicos como un intento de manipular la opinión pública y condicionar el voto de los
ciudadanos. Estos actos ilícitos erosionan la confianza en el Estado de Derecho.
Ante este escenario, Antonio y Alejandro Conde han anunciado su intención de presentar
denuncias formales ante las autoridades, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), para exigir justicia y poner un alto a estas prácticas ilegales.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia electoral
para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. La participación ciudadana y la denuncia
activa de irregularidades son elementos clave para preservar la integridad de nuestro sistema
democrático y proteger los derechos de todos los ciudadanos.
