Se necesitan de políticas integrales para promover la formalización del empleo y mejorar
condiciones a trabajadores
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
La informalidad laboral en Chiapas es una realidad que va más allá de simples estadísticas.
Representa un desafío profundo tanto para el estado como para los trabajadores que luchan por
sostenerse en un mercado laboral precario. En este contexto, es crucial entender las desventajas
que esta situación impone, puesto que el 70.9 por ciento de los chiapanecos labora en este rubro,
según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Primero, la informalidad conlleva una falta de protección social para los trabajadores. Sin acceso a
seguridad social, pensiones o prestaciones laborales, los trabajadores se encuentran en una
posición vulnerable frente a enfermedades, accidentes o el inevitable retiro laboral, situación que
no ha mejorado durante el primer semestre de 2024.
Además, la informalidad perpetúa la desigualdad económica. Los trabajadores informales suelen
recibir ingresos bajos y condiciones laborales precarias, lo que dificulta la movilidad social y agrava
la brecha entre ricos y pobres. En Tuxtla Gutiérrez se registró un total de 109 mil personas
ocupadas y el 55 por ciento de ellos lo hacen en un trabajo informal.
Otro aspecto importante es el impacto en la economía estatal. La informalidad reduce la
recaudación de impuestos y limita la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura,
educación y programas sociales, lo que a su vez alimenta un ciclo de pobreza y falta de desarrollo.
Para los propios trabajadores, la informalidad limita sus oportunidades de crecimiento y desarrollo
profesional. La falta de acceso a capacitación y educación formal dificulta la posibilidad de mejorar
sus habilidades y acceder a mejores empleos.
La informalidad en Chiapas no solo es una cuestión de números, sino una problemática
multidimensional que afecta el bienestar económico y social del estado y de sus habitantes.
Requiere de políticas y acciones integrales que promuevan la formalización del empleo, protejan
los derechos laborales y fomenten el desarrollo económico inclusivo.
