Las entidades con más aspirantes o candidatos asesinados son Chiapas, Guerrero y Michoacán
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En medio de un clima de incertidumbre y violencia, el proceso electoral en México se ha visto gravemente afectado por una serie de asesinatos que han enlutado la contienda. Hasta el momento, se han registrado al menos 34 asesinatos de candidatos o aspirantes a puestos de elección popular, lo que subraya el alto grado de peligrosidad que enfrenta la política en el país.
De acuerdo con un informe detallado de la consultora Integralia, las entidades con más aspirantes o candidatos asesinados son Chiapas, con ocho casos; Guerrero, con seis; y Michoacán, con cuatro. Estas cifras no solo reflejan el peligro que acecha a quienes se atreven a contender por un puesto público, sino también la complejidad y la fragilidad del contexto político actual.
Hasta el 1 de mayo, se habían registrado 29 asesinatos de personas aspirantes o candidatas a un puesto de elección popular. De estos, 14 eran miembros de Morena, cuatro del PRI, cuatro del PRD, tres del PVEM, dos de MC, uno del PT y uno del PRD, mostrando que la violencia no distingue colores ni ideologías políticas.
Las estadísticas de Integralia indican que al 26 de mayo, en vísperas de las elecciones del próximo 2 de junio, se habían contabilizado 316 agresiones, resultando en 749 víctimas entre actores políticos. Este escalofriante número incluye 231 asesinatos y otras formas de violencia de alto impacto, como atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros y desapariciones. Estas agresiones no solo afectan a los actores políticos directamente involucrados, sino también a sus familiares y a otras víctimas colaterales.
La cifra actual representa un incremento de 150.5 por cientoen comparación con las 299 víctimas registradas durante el proceso electoral 2020-2021. Si se retrocede al proceso de 2017-2018, las cifras eran considerablemente menores, con solo 24 víctimas registradas, lo que subraya una tendencia alarmante hacia la intensificación de la violencia política en México.
Entre las entidades con más víctimas de agresiones se encuentran Puebla, con 30 casos; Chiapas, con 33; y Guerrero, también con 33. Este patrón de violencia se distribuye de manera desigual en el territorio nacional, reflejando las variaciones regionales en la presencia y control del crimen organizado.
El proceso electoral actual ha estado marcado por la alta intervención del crimen organizado, una intervención que se manifiesta a través de la violencia política. La consultora Integralia advierte que es probable que esta violencia continúe en los días previos y durante la jornada electoral, con fines de movilización o inhibición del voto, así como con la intervención en algunas casillas para alterar los resultados de la votación.
“Es probable que esta violencia continúe durante la jornada electoral, con fines de movilización o inhibición del voto, o con la intervención en algunas casillas para alterar la votación”, señala el informe. Esto plantea un escenario preocupante para la legitimidad y transparencia del proceso electoral.
Las estadísticas de Integralia también señalan que, si se considera el tipo de agresión, la mayoría fueron amenazas (181 casos), seguidas por atentados (54) y asesinatos (34), con otras 47 agresiones de diferente tipo. Este desglose ilustra la diversidad de métodos de intimidación y violencia empleados contra los actores políticos.
Del total de víctimas de estos ataques, 239 pertenecían al ámbito municipal, 31 al federal, 25 al estatal y en 24 casos no se identificó el ámbito. Estos datos sugieren que los órdenes de Gobierno más cercanos a la ciudadanía son los más vulnerables a la violencia, posiblemente debido a su mayor exposición y menor capacidad de protección.
El partido con mayor número de militantes víctimas de este tipo de agresiones es Morena, con 61 casos, seguido por el PRI, con 58; el PAN, con 43; MC, con 30; el PVEM, con 20; y el PT, con 13. Este patrón muestra que la violencia no discrimina entre partidos políticos, afectando a una amplia gama de fuerzas políticas en el país.
Armando Vargas, consultor de Integralia, identifica varios factores que contribuyen al aumento de la violencia política en diversas regiones del país. Entre estos, destaca la presencia de mercados ilícitos no convencionales, como la extorsión y el tráfico de migrantes. Además, señala que el programa de protección a candidatos del Gobierno federal ha fracasado, debido a que no considera adecuadamente las dinámicas de control territorial por parte del crimen organizado.
“La presencia de mercados ilícitos no convencionales, como la extorsión y el tráfico de migrantes, contribuye significativamente al aumento de la violencia política”, afirma Vargas. “El programa de protección a candidatos del Gobierno federal ha fracasado porque no toma en cuenta las dinámicas de control territorial del crimen organizado”.
RECIENTES EPISODIOS DE VIOLENCIA
El martes 28 de mayo, Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente a la Presidencia municipal de Cuautla, Morelos, por la coalición PAN-PRI-PRD, fue asesinado en el interior de la plaza 12 de octubre de la misma ciudad. Este acto de violencia ha conmocionado a la comunidad y ha levantado alarmas sobre la seguridad de los candidatos en esta contienda electoral.
Ese mismo día, en Encarnación de Díaz, Jalisco, el candidato de Morena a la alcaldía, Gilberto Palomar, fue agredido a balazos en su casa de campaña, ubicada en Barrio San Pablo. Aunque sobrevivió al ataque, la agresión subraya el riesgo constante al que están expuestos los aspirantes a cargos públicos.
Un día antes, el 27 de mayo, integrantes del equipo de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia municipal de Jiménez, Tamaulipas, Pedro Salazar Rodríguez, fueron atacados a balazos. En este ataque, cinco colaboradoras del candidato resultaron heridas, agregando otro episodio trágico a la serie de agresiones que han marcado el proceso electoral.
El sábado 25 de mayo, se reportó un intento de secuestro en contra del candidato de Morena a la Presidencia municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Bernardino Martínez García. Durante el incidente, un miembro de la Agencia Estatal de Investigación asignado a la protección del candidato resultó lesionado. Martínez García señaló a su contrincante, el candidato del PRI y PRD al mismo cargo, David García Martínez, como responsable de los hechos, añadiendo una capa de conflicto político a la ya tensa situación.
EPISODIOS DE VIOLENCIA EN CHIAPAS
La violencia no se ha limitado a estos recientes ataques. Chiapas ha sido escenario de numerosos asesinatos de candidatos y sus equipos de campaña en los últimos meses. El 5 de enero, David Rey González, precandidato a la Presidencia municipal de Suchiate por la coalición PRI, PAN y PRD, fue asesinado mientras circulaba en motocicleta en el paraje Los Cuaches.
El 14 de marzo, Diego Pérez Méndez, precandidato del PRI a la Presidencia municipal de San Juan Cancuc, fue asesinado durante un ataque armado en el que también resultaron heridos su esposa y su hijo. Más recientemente, el 28 de mayo, Julián Bautista, candidato del PRI a la Presidencia de Amatenango del Valle, fue asesinado en una emboscada mientras se encontraba en su vehículo.
Otros incidentes en Chiapas incluyen el asesinato de un candidato a regidor y el hijo del candidato a la Presidencia de Benemérito de las Américas el 4 de mayo, así como la muerte de Lucero López Maza, candidata a Presidenta de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, junto con cinco personas más durante un evento de campaña el 16 de mayo.
El 18 de mayo, Roberto Orozco Aguilar, candidato de Morena a la Presidencia de Villa Corzo, sufrió un atentado en el que murieron tres personas. Un día después, cinco integrantes del equipo de campaña del candidato de Morena a la Presidencia de Mapastepec, Nicolás Noriega, fueron asesinados.
Esta ola de violencia ha generado un clima de terror entre los candidatos y ha llevado a más de 500 personas a declinar sus candidaturas en Chiapas, según María Magdalena Vila Domínguez, presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. De ellas, 29 citaron amenazas directas o temor por su seguridad como la razón principal de su renuncia.
VIOLENCIA EN GUERRERO Y MICHOACÁN
Guerrero también ha sido un foco de violencia electoral. Desde diciembre del año pasado, varios candidatos han sido asesinados, incluyendo a Ricardo Taja Ramírez, precandidato de Morena a la Presidencia de Acapulco, y Marcelino Ruíz Esteban, quien buscaba la candidatura del PRD a la presidencia municipal de Atlixtac. Otros asesinatos incluyen a Tomás Morales Patrón, aspirante a la Presidencia de Chilapa por Morena, y Aníbal Zúñiga Cortés, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la Presidencia de Coyuca de Benítez.
En Michoacán, la situación es igualmente alarmante. Tres aspirantes a la alcaldía de Maravatío fueron asesinados entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Esta violencia ha llevado a que al menos 51 candidatos renunciaran a sus candidaturas, dejando vacantes algunas planillas en la región norte del estado, especialmente en Yurécuaro, Milla Morelos y Aporo.
En un contexto electoral marcado por la violencia, el asesinato de 34 candidatos y aspirantes a puestos de elección popular pone en evidencia la urgente necesidad de medidas efectivas para proteger a los actores políticos y asegurar la integridad del proceso democrático en México. Con un incremento del 150.5 por ciento en las víctimas de agresiones en comparación con el proceso electoral anterior, la situación es alarmante y requiere una respuesta contundente por parte del Estado y la sociedad.
A medida que se acercan las elecciones del 2 de junio, el país enfrenta el desafío de garantizar un proceso electoral libre y justo, pese a las amenazas y la violencia que buscan socavarlo. La intervención del crimen organizado en la política es un problema complejo que demanda soluciones integrales y de largo plazo, enfocadas en la desarticulación de las redes delictivas y la protección efectiva de los actores políticos.
Mientras tanto, el registro de agresiones y asesinatos contra candidatos y actores políticos seguirá siendo una herida abierta en el proceso democrático de México, recordándonos que la lucha por una democracia plena y segura está lejos de ser ganada.
