Los reclusos tuvieron acceso a debates y propuestas de candidatos antes de emitir sufragio, en una jornada electoral histórica
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La reciente jornada electoral en 14 de los 16 Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas marcó un hito histórico para el sistema penitenciario de la región. Bajo la coordinación del Gobierno del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), 978 personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto. Este hecho no solo consolida los derechos político-electorales en Chiapas, sino que resaltó la importancia de garantizar la participación democrática de todos los ciudadanos, sin importar su situación legal.
Antes de las elecciones, la población penitenciaria tuvo acceso a debates y propuestas de candidatos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y ejercer su voto de manera consciente. Este proceso democratizador fue posible gracias al apoyo brindado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del estado de Chiapas, que colaboró con el INE y los partidos políticos para garantizar la seguridad y transparencia del proceso en los centros penitenciarios.
Es fundamental destacar que esta actividad se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución de la Sala Superior del Tribunal, que reconoció el derecho de las personas en prisión preventiva a participar en procesos electorales. Este reconocimiento demostró el compromiso del Gobierno de Chiapas con la protección de los derechos humanos y la inclusión social en la región.
La participación electoral en los centros penitenciarios no solo representa un avance en términos de democracia y derechos civiles, sino que también puede contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los individuos privados de libertad. Al permitirles ejercer su derecho al voto, se les otorga un sentido de pertenencia y responsabilidad cívica, lo que puede tener un impacto positivo en su proceso de reintegración a la sociedad.
La inédita participación electoral en los centros penitenciarios de Chiapas reflejó el compromiso del Gobierno estatal con la justicia social y la inclusión. Esta experiencia pionera no solo fortalece la democracia en la región, sino que también promueve la rehabilitación de las personas privadas de libertad, al sentar así las bases para una sociedad más justa y equitativa.
