Enriqueta Burelo
El presidente saliente de México ha desplegado más militares que nunca para combatir el laberinto de los generales: crimen y militares en México.
El presidente saliente de México ha desplegado más militares que nunca para combatir el crimen. Pero los niveles de violencia siguen siendo altos. Su sucesora debe limitar el rol de los militares en la seguridad pública mientras trabaja para romper los vínculos de funcionarios estatales con grupos criminales y permitir una mejor seguridad ciudadana liderada por civiles.
Lo señalado en el párrafo anterior es parte de un análisis llevado a cabo por International Crisis Group, los datos que este informe ofrece, simplemente confirman la opinión que un buen número de mexicanos y mexicanas tenemos respecto al combate a la delincuencia que se ha llevado a cabo en el actual sexenio.
A grandes rasgos, el informe señala que regiones del país sufren feroces enfrentamientos a pesar de los despliegues militares, mientras que en otras los comandantes han forjado una tensa coexistencia con los grupos criminales. Las disputas entre estas organizaciones criminales no dan signos de disminuir y continúan alimentando la violencia, mientras que la evidencia sugiere que los grupos ilegales ahora tienen más control social, aliados estatales y poder económico.
Un ejemplo que nos muestra claramente cuál ha sido la estrategia que los militares han seguido en el combate al crimen organizado, fue un hecho ocurrido en otoño de 2021. Michoacán fue escenario de un acontecimiento significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido por su violencia extrema y su expansión territorial, lanzó una ofensiva en los límites con Jalisco. Este avance militar del cártel de las cuatro letras desplazó a miles de personas y atrajo la atención de los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.
Para contrarrestar el avance del CJNG, el Ejército Mexicano involucró la colaboración con grupos criminales locales rivales del grupo criminal que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de acuerdo con información revelada por International Crisis Group.
Todos los entrevistados por Crisis Group coinciden en que la 4T “ha demostrado mayor moderación al responder a los grupos criminales que sus predecesores”.
Después de hacer campaña en 2018 con una plataforma que prometía pacificar a México, poner fin a la “guerra contra las drogas” y devolver las tropas a los cuarteles, López Obrador aparentemente tuvo una conversión radical. Incluso antes de asumir el cargo, el presidente afirmó que no podía confiar en las diversas fuerzas policiales del país para frenar a los fuertemente armados grupos criminales y optó, en cambio, por reforzar el papel de los militares, cuyas capacidades en materia de seguridad pública habían sido un dogma para los dos gobiernos anteriores. López Obrador impulsó el despliegue de tropas y creó una fuerza de seguridad completamente nueva bajo dirección militar, la Guardia Nacional. Además de ampliar el papel de los militares para garantizar la seguridad pública, también les asignó importantes funciones en materia de infraestructura, control migratorio y gestión de puertos y aeropuertos a las fuerzas armadas. Según el presupuesto de 2024, el 20 por ciento del gasto estatal ahora se canaliza a través de las fuerzas armadas.
El nuevo Gobierno debe reducir el papel del Ejército en la seguridad pública a tareas que requieran fuerza armada, dentro de los límites establecidos en la Constitución. Cortar los vínculos criminales con el Estado, fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad y concentrar recursos en las zonas más violentas será crucial para unas estrategias de seguridad dirigidas por civiles que sean efectivas.
Es posible que la próxima presidenta de México no pueda retirar a las tropas de la seguridad pública, pero debe marcar límites a su participación mientras procura cortar los lazos entre el Estado y el crimen y crear las condiciones necesarias para unas estrategias de seguridad dirigidas por civiles que sean efectivas.
