La situación actual es insostenible y la ciudadanía requiere una respuesta inmediata por parte de autoridades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Un incremento inesperado en las tarifas del agua potable ha generado un descontento significativo entre las familias de Tapachula. El alza de precios, que se ha dado en medio de un suministro deficiente del vital líquido, ha sido catalogada como un golpe duro a la economía local. El descontento social crece día a día mientras los ciudadanos se enfrentan a recibos mensuales que oscilan los 430 pesos, lo que equivale a un aumento del 42 por ciento.
El consejero del Bloque de Izquierda Nacional Ciudadana, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, expresó su preocupación y la de muchos usuarios. Destacó que este tipo de aumentos no es nuevo y que los directivos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (COAPATAP) ya han tenido comportamientos similares en el pasado, lo que exhibe la falta de transparencia y responsabilidad por parte de los directivos.
La situación se agrava por la omisión de las autoridades municipales, quienes parecen ignorar las demandas de la ciudadanía. Arenas supone que los directivos de COAPATAPtuvieron observaciones en alguna auditoría y ahora quieren sanar las finanzas de la institución con incrementos arbitrarios.
La problemática del agua en Tapachula no es solo financiera. Las deficiencias en la infraestructura y la mala administración del servicio han dejado a muchas colonias sin acceso adecuado al agua, a pesar de que la región no sufre escasez del recurso, en especial durante la temporada de lluvias.
Arenas criticó a las administraciones municipales por su incapacidad para resolver estos problemas, que han afectado por generaciones a la ciudadanía. La percepción general es que el COAPATAP ha sido mal manejado y utilizado para fines económicos por los funcionarios municipales.
Los usuarios no deberían cargar con las consecuencias de una mala administración. Las familias de Tapachula demandan transparencia, eficiencia y justicia en la gestión del suministro de agua. La presión social sigue en aumento, y los ciudadanos exigen que se tomen medidas concretas para corregir estos abusos y mejorar el servicio.
