Se han detectado irregularidades en la expedición de facturas y la adquisición masiva de bienes en su gestión
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El director de Comunicación Social del ayuntamiento de Tapachula, José Bernardino Vega Rojas, se encuentra en el centro de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito. Al utilizar presuntos prestanombres para desviar recursos públicos y adquirir vehículos, casas y terrenos en diversas zonas de Tapachula en solo unos meses.
Las evidencias presentadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) señalaron que Vega Rojas autorizó pagos para “publicidad institucional” a medios de comunicación inexistentes. Los supuestos prestadores de servicios, entre los que se encuentran Yanuri A. Gordillo, Beyla J. Cruz, Evely G. Miranda, y otros, presentan domicilios fiscales en varias ciudades de Chiapas, pero no se ha encontrado rastro de sus operaciones.
Este esquema de desvío de fondos ha generado gran indignación entre los ciudadanos de Tapachula, quienes demandan una investigación profunda y castigos severos para los responsables. “Es inaceptable que se desvíen recursos mientras nuestras necesidades básicas no son atendidas”, comentó un residente local.
La ASE ha iniciado una investigación exhaustiva para desmantelar esta red de corrupción. Los primeros indicios sugieren la existencia de una operación bien organizada que utilizaba documentos falsos para ocultar sus actividades ilícitas. De confirmarse las acusaciones, los implicados podrían enfrentar desde el embargo de bienes hasta penas de prisión.
El ayuntamiento de Tapachula se enfrenta a una crisis de confianza y legitimidad. La administración actual está bajo presión para colaborar con las investigaciones y demostrar su compromiso con la transparencia. La ciudadanía espera acciones concretas para sancionar a los culpables y prevenir futuros actos de corrupción, con tal de reafirmar así la necesidad de un control más riguroso y una mayor vigilancia ciudadana.
