Exigen instalar una base permanente del Ejército y que se mantenga abierta una mesa de trabajo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Cientos de familias desplazadas del municipio de Tila, Chiapas, marcharon por las principales calles de Yajalón, donde actualmente se encuentran refugiadas. La violencia desatada por grupos armados que disputan el control de plazas, ha forzado a estas familias, compuestas principalmente por mujeres, niños y adultos mayores, a abandonar sus hogares y buscar refugio en albergues improvisados.
Vestidos de blanco y portando globos, los desplazados exigieron paz y justicia, lanzando un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que garanticen su retorno seguro a Tila. “No hay condiciones de seguridad en nuestro municipio para regresar a nuestras casas”, declaró David Vázquez, uno de los habitantes desplazados, durante la marcha.
La situación es crítica, dado que muchos de los refugiados han comenzado a sufrir enfermedades debido a las bajas temperaturas nocturnas y las intensas lluvias recientes.
Los manifestantes portaban carteles y camisetas con leyendas como “Todos somos Tila”, “Paz y seguridad para Tila” y “Tila vive”, destacando la desesperación y el deseo de regresar a una vida normal. La marcha, descrita como pacífica y silenciosa, culminó en el parque central de Yajalón con un acto informativo sobre los avances en la mesa de diálogo programada para las 12 horas en Tuxtla Gutiérrez.
En esta reunión, participarán funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno estatal y autoridades municipales.
Integrantes de la comisión negociadora de los desplazados han demandado dos puntos clave para su regreso seguro: la instalación de una base permanente del Ejército Mexicano que garantice la seguridad de todos los habitantes y la firma de un documento por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. Además, piden que se mantenga abierta una mesa de trabajo para abordar temas como la aplicación del Estado de Derecho, la reparación de daños, y el otorgamiento de servicios de salud y educación.
Hace 11 días, unas seis mil 865 personas fueron desplazadas cuando el grupo paramilitar Los Autónomos regresó a Tila, incendiando más de 20 casas y negocios, saqueando viviendas en busca de dinero y alhajas. Los desplazados, que en su mayoría provienen de comunidades cercanas a Tila, han denunciado repetidamente los abusos y la violencia a la que han sido sometidos.
El conflicto en Tila tiene raíces profundas, remontándose a la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace 30 años. La creación de la organización “Paz y Justicia” por parte de los habitantes para evitar el reclutamiento forzoso por parte del EZLN ha llevado a décadas de enfrentamientos y desplazamientos.
En 2015, un grupo autoproclamado Los Autónomos tomó el control, declarando su intención de resolver los conflictos internos y recuperar la soberanía del ejido de Tila.
Durante la pandemia, Los Autónomos instalaron puertas gigantes en las entradas a Tila, restringiendo el acceso y exacerbando la crisis al impedir la salida de enfermos de COVID-19 y la entrada de medicamentos y víveres. En septiembre de 2020, los pobladores derribaron estas puertas, lo que resultó en un violento enfrentamiento que dejó al menos cuatro muertos.
El 4 de junio de este año, el grupo armado Karma atacó Tila, matando a dos personas, lo que desencadenó una brutal respuesta de Los Autónomos. Este grupo paramilitar incendió casas, saqueó tiendas y perpetró atrocidades, causando un pánico generalizado que llevó a miles a huir.
El Foro para el Desarrollo Sustentable A. C. ha documentado las condiciones de los desplazados, revelando que de los seis mil 865 desplazados, mil 439 han tenido que separarse de sus familias. La mayoría se ha refugiado en Yajalón, aunque algunos han llegado a otros estados como Tabasco, Campeche, Quintana Roo e incluso Nuevo León. Las víctimas estiman que el número total de desplazados supera las 12 mil personas.
Las necesidades urgentes de los desplazados incluyen acceso a alimentación, agua potable, servicios de salud, alojamiento seguro, ropa, atención psicológica, y protección de sus bienes y cultivos abandonados en Tila. Además, requieren información sobre la atención del problema que causó el desplazamiento, asesoría legal y orientación sobre apoyos y ayuda humanitaria.
El 64 por ciento de los desplazados son de origen chol, provenientes mayoritariamente de la cabecera municipal de Tila, así como de comunidades cercanas.
La situación sigue siendo desesperante, y las familias desplazadas continúan luchando por un retorno seguro a sus hogares, con la esperanza de que las autoridades atiendan sus demandas y restablezcan la paz en Tila.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha señalado al Gobierno federal y estatal como los responsables de la actual crisis de violencia y desplazamientos forzados en el estado de Chiapas. En particular, Frayba ha destacado el caso de Tila como un ejemplo de la omisión sistemática y negligencia por parte de las autoridades en la región.
El organismo, presidido por el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, argumentó que el caso de Tila “no se trata de una omisión aislada, el patrón en Chiapas ha sido la negación, ocultamiento y minimización del desplazamiento forzado y las causas violentas que lo ocasionan”. En un comunicado, Frayba acusó al Gobierno de desatender, administrar e incluso fomentar el conflicto tanto por acción como por omisión, permitiendo la impunidad de los crímenes y facilitando así el escalamiento de la violencia actual.
La declaración del Frayba se produjo a 12 días de que miles de habitantes del municipio de Tila se vieran obligados a abandonar el poblado Chol del norte de Chiapas. La mayoría de estos desplazados se trasladaron al municipio de Yajalón tras un violento enfrentamiento entre dos grupos armados que dejó un saldo de tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos incendiados y vandalizados, además de dos mujeres que fueron víctimas de violación.
“La problemática en Tila posee una larga data en la que se han profundizado las disputas políticas y la polarización social en un entramado complejo de actores, hasta un punto actual en que se señala la aparición de diferentes grupos armados responsables de la comisión de actos violentos que constituyen graves violaciones a derechos humanos como asesinatos y desapariciones”, afirmó Frayba en su comunicado.
El Centro de Derechos Humanos, fundado por el obispo Samuel Ruiz García, hizo un “llamado enérgico” a las autoridades federales y estatales para que atiendan integralmente a los desplazados de Tila. Instaron a realizar censos correspondientes e identificar las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables, al tiempo que exigieron una investigación exhaustiva de los hechos violentos ocurridos en el municipio.
“Exigimos la investigación de todos los hechos violentos cometidos tanto en el marco de esta explosión de violencia como durante todos sus antecedentes, con el fin de reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y desarticular a los grupos armados existentes”, concluyó el comunicado de Frayba.
Este llamado de atención por parte de Frayba subraya la urgencia de una intervención gubernamental más efectiva y transparente para resolver la crisis en Chiapas, así como la necesidad de un enfoque que garantice la seguridad y los derechos de las comunidades afectadas. La situación en Tila es un reflejo de un problema mayor que requiere acciones concretas y coordinadas para evitar más desplazamientos y violencia en la región.
A 14 días del éxodo masivo, el municipio de Tila permanece desolado. Este miércoles, los desplazados realizarán una marcha peregrinación por la paz en Yajalón, donde se encuentran albergados desde su huida. La desesperación se ha apoderado de ellos, muchos se sienten “arrimados” en Yajalón, a donde llegaron el pasado 7 de junio con pocas pertenencias.
“Si en los próximos días no hay solución para el retorno, iremos a la conferencia mañanera, vamos a hacer un plantón en el Zócalo, incluso iniciar una huelga de hambre frente a Palacio Nacional porque, la verdad, no podemos entrar al pueblo con gente amenazándonos todo el tiempo”, advirtió uno de los desplazados en un noticiero de radio.
“Si la gente regresa a sus casas, va a volver a pasar lo mismo, y más grave que antes, porque ya ha sucedido como cinco veces, siguen las amenazas de Los Autónomos de sacar a toda la población de Tila”, aseguró.
El desplazado, junto con su familia, manifestó su pesar por los hechos violentos registrados del 4 al 7 de junio, cuando civiles armados, identificados por los desplazados como “Los Autónomos”, quemaron 17 casas y comercios, vandalizaron e incendiaron 21 vehículos, dejando un saldo de tres personas muertas. Ese día mataron a un carnicero, Carlos Hernández, quien se encontraba en su negocio; “fue mi compañero en la preparatoria, e hirieron a dos de sus compañeros”, señaló.
En entrevista telefónica, el desplazado comentó que “la situación en Tila sigue muy crítica; continúan las amenazas de muerte en contra de los desplazados, por lo que no hay garantías para regresar. Los criminales siguen sueltos y armados y lo peor de todo es que todos sabemos dónde están y el Ejército y la policía no hacen nada”.
Narró que en otras ocasiones “ha pasado que llegan los militares, se quedan uno o dos meses, se van o los corren los mismos Autónomos y otra vez comienzan los problemas y las agresiones”.
Del conflicto, los habitantes responsabilizan también al presidente municipal Limber Gutiérrez Gómez, quien, junto con su esposa, Sandra Luz Cruz y sus familiares, ha gobernado el municipio por 21 años con las siglas del Partido Verde Ecologista de México.
