Las promesas gubernamentales se traducen a escasos suministros, como un cobertor y una colchoneta por familia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Se cumplieron dos años del desplazamiento del Sector Santa Martha, en el municipio de San Pedro Chenalhó. Los desplazados se han trasladado a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas para denunciar que el lunes 24 de junio de 2022 fueron forzados a abandonar sus hogares por grupos armados que operan en la región. Meses después, más personas fueron desplazadas y, hasta el momento, se encuentran refugiadas en tierras zapatistas.
Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados, señaló en una conferencia de prensa que ese día fueron amenazados constantemente por un grupo armado para abandonar sus tierras. A finales de septiembre de 2022, más familias fueron expulsadas, sufriendo la quema de sus vehículos y casas, así como el robo de parcelas.
“Mi nombre es Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados de Santa Martha. Venimos a San Cristóbal para recordar nuestro desplazamiento forzado ocurrido el 24 de junio de 2022. Ese día salimos en busca de ayuda y refugio, dejando nuestras tierras y familias bajo amenazas de muerte del grupo armado de los comisariados del Sector Santa Marta. A pesar de buscar justicia y diálogo, el 29 de septiembre del mismo año se dio otro desplazamiento, donde quemaron casas, vehículos y robaron parcelas y animales. Hasta ahora seguimos desplazados y refugiados en una bodega en Polhó, municipio de San Pedro Chenalhó”, denunció.
Actualmente, 68 familias, un total de 278 personas, se encuentran refugiadas. Sus demandas incluyen el retorno a sus viviendas, el pago de daños, la entrega de víveres y cobertores por parte de Protección Civil, y la recuperación del derecho a la educación de los niños, que han perdido clases durante tres años.
Manuel Gómez Velasco, portavoz de las 68 familias, solicita a Gobierno estatal el envío urgente de alimentos. Denuncia que solo reciben 25 kilos de maíz y 12 kilos de maseca cada dos meses, insuficientes para familias indígenas numerosas.
En entrevista, Gómez Velasco lamenta la falta de apoyo real, destacando que las promesas gubernamentales se traducen en escasos suministros, como un cobertor y una colchoneta por familia. Señala la injusticia de esta ayuda limitada, especialmente para familias acostumbradas a tener seis o siete hijos.
La situación se agrava con la desaparición de cinco compañeros desde hace un año, incluyendo a un menor de 15 años huérfano. La incertidumbre sobre la supervivencia de sus seres queridos persiste, generando angustia entre los desplazados. Exigen un retorno seguro a sus hogares y claman por justicia, solicitando la aplicación efectiva de la ley.
Gómez Velasco alerta sobre las condiciones precarias en el campamento, solicitando atención inmediata de los tres órdenes de Gobierno. Ante la proximidad de la temporada de frío, demandan cobertores, zapatos y camisas para los niños. Critica el incumplimiento de compromisos, como el envío de una unidad móvil de educación, y la no entrega de tarjetas prometidas a las mujeres.
Destacando la voluntad de trabajar y la necesidad de regresar a su comunidad, Gómez Velasco subraya que la permanencia en el campamento se debe al conflicto, no a una falta de disposición para trabajar. Advierte que algunos desplazados se han visto obligados a mudarse a ciudades como San Cristóbal o Monterrey, en busca de opciones para sobrevivir con sus familias debido a la escasez de alimentos.
En pasado 05 de junio, en la comunidad zapatista de Polhó, ubicada en el municipio de San Pedro Chenalhó, se llevó a cabo el levantamiento de siete cuerpos sin vida y tres personas resultaron heridas, tras un violento ataque armado. La Fiscalía de Justicia indígena encabezó las labores de recuperación de los cuerpos en medio de un clima de tensión y temor entre los habitantes.
Según información oficial, cuatro cuerpos asesinados fueron encontrados en Polhó, mientras que los otros tres fueron trasladados a una comunidad de Chenalhó, sumando así un total de siete víctimas mortales. Testimonios de defensores de derechos humanos revelan que un grupo civil armado habría llegado específicamente para atacar y asesinar a los desplazados. Durante el enfrentamiento, uno de los desplazados resultó gravemente herido y fue llevado a un hospital en San Cristóbal. Lamentablemente, el hijo del dueño de una bodega donde se refugiaban los desplazados perdió la vida debido a múltiples disparos.
Los defensores de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para que se detenga al grupo civil armado responsable de estos asesinatos, así como para que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos ocurridos tanto en Polhó como en el sector de Santa Martha, donde también se han reportado varias muertes.
En el lugar del enfrentamiento se encontró un hombre sin vida junto a un arma larga, mientras que dentro de un vehículo se localizaron dos personas fallecidas, entre ellas un menor de tres años. El cuerpo del hijo del dueño de la bodega donde se refugiaban los desplazados está siendo velado por sus familiares, quienes claman por justicia ante este cruel asesinato.
El vehículo utilizado por los agresores presentaba más de 30 orificios de bala, principalmente en el parabrisas y el cofre, así como alrededor del automóvil. En la carretera, se encontraron más de 30 cartuchos percutidos.
Autoridades estatales, la policía especializada y el Ministerio Público acudieron al lugar del suceso, encabezados por el titular de la Fiscalía de Justicia indígena, Mariano López Pérez. Los cuerpos encontrados fueron trasladados al Servicio Médico Forense en San Cristóbal de Las Casas, mientras que el cuerpo del hijo del dueño de la bodega permaneció en el domicilio para su sepultura.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de los otros tres cuerpos sin vida y de los dos heridos pertenecientes al grupo civil armado. Los pobladores han señalado que hubo un intercambio de disparos, dado que el grupo armado llegó disparando, consiguiendo respuesta con fuego por parte de las víctimas.
Aunque la carretera que conecta Chenalhó con Pantelhó ha retomado su circulación normal, los habitantes desplazados continúan preocupados por su seguridad, toda vez que existe la posibilidad de que la violencia se intensifique durante la tarde y noche. Por esta razón, solicitan la presencia continua de las fuerzas de seguridad en la zona. Hasta el momento, no se ha reportado la presencia del Ejército ni de la Guardia Nacional.
Elementos de la Policía de Investigación y Estatal Preventiva se trasladaron hasta el lugar de los hechos, no obstante, no se reportó la presencia de miembros del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional.
Del mismo modo, las personas que resultaron heridas tras el ataque armado fueron trasladadas a San Cristóbal de Las Casas para que recibieran la atención médica correspondiente.
Aunque la identidad de las personas que perdieron la vida se mantuvo reservada, de forma extraoficial se indicó que una de las víctimas mortales era el dueño de la bodega en donde se encontraban refugiados entre 150 y 200 desplazados del sector Santa Martha.
Por su parte, testigos declararon a medios de comunicación locales que el ataque armado fue perpetrado por un grupo delictivo identificado como “Los Ratones”, quienes han sido identificados como generadores de violencia de la entidad.
“Los Ratones’ siempre han hecho eso, cobran por matar gente. La información que tenemos es que les pagaron para ir a atacar a balazos a los desplazados”, mencionó uno de los testigos del ataque armado.
El grupo de indígenas tzotziles estaba por cumplir un mes viviendo en la bodega en donde se registró el ataque luego de que en junio de 2022 decenas de familias fueran desplazadas de los parajes de Santa Martha en el municipio de Chenalhó colindante con Aldama por, presuntamente, haberse negado a que sus tierras fueran repartidas con otras familias.
Entrevista anónima de personas desplazadas: El día 02 de junio del 2023 a 16:40 horas, cuando llegó gente del grupo armado directamente nos vino a atacar, uno de los desplazados salió herido. La verdad, nosotros no sabemos nada de lo que iba a pasar, pero como nosotros siempre le hemos exigido a Gobierno estatal y federal.
Siempre a gente del sector Santa Martha nos pasa información de que las autoridades están buscando la forma de cómo acabarnos, como somos desplazados y el Gobierno no nos hace caso, lamentablemente con lo que sucedió ayer, ahorita que vea el Gobierno qué es lo que le estamos pidiendo, que estamos diciendo la verdad al Gobierno, porque desde ayer nos vinieron atacar y tenemos miedo; nos dijeron que iban a eliminar a las 63 familias y lamentablemente entre las mujeres y los niños hay mucho pánico, lloraban los niños y mujeres, es terrible lo que pasó. Lo que les voy a decir a ustedes para el Gobierno es que tome cartas en el asunto, queremos más seguridad, ¿que quieren?, ¿más muertos?, no aplican la justicia porque el Gobierno ya sabe quiénes son los que están organizando todo.
¿Qué están exigiendo ustedes cuando dices “justicia”, exigen que metan a la cárcel a los que los expulsaron o cómo?
“No, lo que le estamos pidiendo al Gobierno, es justicia por la muerte de compañeros aquí en Sector Santa Martha. Cuando nos expulsaron ayer muy tarde, nos pasaron informaciones sobre las autoridades en Santa Martha que hicieron reuniones en cada comunidad”.
¿Entonces los agresores de este grupo armado son de Santa Martha?
No, ellos vinieron contrados. Los contrataron las autoridades de Santa Martha.
Me llama la atención que los agresores son los muertos y si era el ataque contra los desplazados”.
¿Por qué solo hay un herido desplazado, cómo estuvo exactamente ese encuentro?
“La gente de Santa Martha se defendió. Nosotros como gente desplazada no conocemos ningún tipo de arma, pero fueron las personas de aquí, dilataron 60 minutos los balazos, quizá más de una hora, fue la gente de aquí, quienes nos vinieron a echar la mano, nosotros no tenemos que ver con los muertos, el Gobierno sabe que aquí es una zona zapatista”.
¿Espérate que no encontraron dos?
“Sí, efectivamente, el primer herido que salió fue el desplazado, él estaba parado ahí en el tinaco de ahí, le dispararon y de ahí empezó la balacera, estaban atacando casa por casa”.
¿Cuántos desplazados hay aquí en esta zona?
“Aquí, aproximadamente hay como 35 familias”.
¿Cuántas personas, más de 100?
“Sí, aproximadamente, porque rentamos tres casas”.
¿Quién paga la renta de estas casas, les apoya el Gobierno con el pago?
“A veces nos apoya el Gobierno, pero también nosotros batallamos para pagar la renta”:
¿Al dueño de la casa le mataron a su hijo?
“Desgraciadamente, por buen corazón de él, le quitaron la vida a su muchacho”.
¿Dónde estaba el muchacho cuando lo mataron?
“Aquí abajo, en Polhó”.
¿Entonces hubo un intercambio de disparos durante una hora de aquí para abajo?
“Sí, hubo balacera como te puedes dar cuenta, tienen impacto los carros”.
¿Ese señor que está tirado es Reynaldo?
“No, el señor que está tirado es Filiberto que viene de Chenalhó. Siempre nos dijeron que estaban atacando gente de pantalón, los machetes”.
¿Oye me dicen que murió el niño de tres años de edad, dónde está?
“Sí, ahí está en el carro, venía con cuatro hombres”.
EZLN DENUNCIA ATAQUES DE GRUPO PARAMILITAR; “CHIAPAS ESTÁ AL FILO DE LA GUERRA CIVIL”, ADVIERTEN ORGANIZACIONES
El pasado miércoles 31 de mayo a través de distintos canales de comunicación el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió un comunicado en el que condenó la incesable violencia que ha azotado a comunidades indígenas del estado de Chiapas y advirtió sobre lo cerca que la entidad está de iniciar una “guerra civil”.
Y es que, el pasado 22 de mayo integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) perpetró un ataque armado en la comunidad Moisés Gandhi del municipio autónomo Lucio Cabañas y dejó gravemente a un integrante del movimiento que surgió en 1994.
“Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos células delictivas que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de Gobierno estatal y federal”, se lee en un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó el pasado miércoles.
Asimismo, en el comunicado -firmado tanto por el EZLN como por diversas organizaciones civiles y personalidades de la cultura y la política- se denuncia que desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y hasta el de Andrés Manuel López Obrador, han intentado aislar, deslegitimar y exterminar a grupos indígenas que resisten desde las comunidades de Chiapas.
Ante las agresiones y amenazas de las que constantemente son víctimas comunidades indígenas, se convocó una manifestación el próximo 8 de julio para exigir un cese a la violencia y una respuesta por parte de autoridades estatales y federales.
