La ausencia de programas integrales y personal especializado agrava dicha crisis, esto deja a
pacientes en vulnerabilidad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para personas que padecen de problemas con el
alcohol o drogas, se ha instado a autoridades de la Secretaría de Salud estatal a llevar revisiones
exhaustivas en centros de atención contra adicciones. Dicha indicación surge después de diversas
observaciones donde estos lugares no cuentan con instalaciones adecuadas para rehabilitación.
El problema radica en que numerosos centros de desintoxicación, operan en condiciones
precarias, las cuales funcionan en viviendas adaptadas que carecen de medidas de seguridad y
salubridad necesarias. Esta situación no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que
también cuestiona la efectividad de los tratamientos ofrecidos, subrayó la vicepresidenta del
Congreso del Estado de Chiapas, Rocío Guadalupe Cervantes Cancino.
Un aspecto particularmente preocupante es la clandestinidad en la que operan muchos de estos
espacios. En localidades como Arriaga, se han reportado decesos en estas instalaciones, lo que
resalta la gravedad del problema. Además, se han documentado casos de maltrato y violaciones a
los derechos humanos, incluyendo agresiones físicas, sexuales y psicológicas.
La falta de un censo preciso sobre la cantidad de estos centros en Chiapas añade otra capa de
complejidad al problema. Aunque se sabe que existen numerosos establecimientos en distintos
municipios, su regulación y supervisión parecen ser deficientes. Esta situación deja a muchas
personas en manos de centros que no cumplen con los estándares mínimos necesarios para una
rehabilitación adecuada y segura.
Cervantes Cancino propone que estos centros deben contar con personal calificado, como
psicoterapeutas, psicólogos y médicos especializados, capaces de ofrecer tratamientos
personalizados. La estandarización de los tratamientos es ineficaz y peligrosa, dado que no todos
los casos de adicción son iguales. La vicepresidenta del Congreso sugiere la necesidad de una
legislación que asegure que los establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación cumplan
con los estándares necesarios.
