Las medidas de restitución, garantías de no repetición y compensación no han sido atendidas cabalmente
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
A escasos meses de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador llegue a su fin, persiste la deuda histórica con los pueblos indígenas de México en materia de desarrollo y justicia. Durante este sexenio, el pacto de impunidad que protege a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad ha continuado prevaleciendo.
Un caso emblemático de esta impunidad es la Masacre de Acteal, un trágico evento que, a pesar de los esfuerzos y acuerdos alcanzados, sigue sin resolverse adecuadamente, dejando a las víctimas en un estado de desamparo y frustración.
Hace casi cuatro años, un grupo de indígenas tsotsiles, víctimas directas y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, arropados por los sobrevivientes, crearon un hito en el largo proceso de búsqueda de justicia. Estos valientes firmaron un acuerdo de solución
amistosa con el Gobierno mexicano, buscando una reparación integral del daño como parte de su derecho fundamental. Este acuerdo fue visto como una oportunidad para que el Gobierno de la Cuarta Transformación esclareciera los hechos ocurridos hace más de 26 años en la comunidad indígena tsotsil de Acteal.
El 3 de septiembre de 2020, durante el acto de disculpa pública, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, en nombre del Gobierno de México, asumió la responsabilidad de los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997. Encinas pronunció:
“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tsotsil por este profundo agravio. Lo hacemos con convicción y sin condiciones… y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas… asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar condiciones para la reconciliación y la paz en esta región importante del país. El Estado mexicano, a casi 23 años de la masacre, debe avanzar para atender la deuda que tiene con los pueblos originarios de Chiapas y de México. Nunca Más otro Acteal”.
A casi cuatro años del citado acuerdo, la pregunta persiste: ¿Qué ha pasado con el compromiso del Estado mexicano en relación con la Masacre de Acteal? A pesar de la disculpa pública y los compromisos asumidos, la realidad muestra un panorama desolador. La barbarie cometida contra la población indígena desplazada en Acteal sigue impune. El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y altos funcionarios de su administración no han sido llevados ante tribunales para deslindar su probable responsabilidad penal.
El cumplimiento del acuerdo ha sido prolongado y parcial. La reparación integral basada en estándares internacionales no se ha cumplido en su totalidad. Las medidas de restitución, satisfacción, conservación de memoria histórica, garantías de no repetición, rehabilitación y compensación están en vías de cumplimiento porque no se han atendido cabalmente. La reparación individual ha beneficiado a un mínimo número de víctimas: de los 45 fallecidos y 26 heridos, solo un pequeño grupo (21 personas heridas y 28 fallecidas) ha recibido algún tipo de compensación. Aún faltan las personas sobrevivientes, alrededor de 325, que se encontraban en la ermita de Acteal el día de los hechos.
Las acciones de carácter colectivo, como proyectos hidráulicos, caminos y electrificación, han sido escasas. En las comunidades donde se desarrollaron, solo una parte resultó beneficiada. La pavimentación de caminos ha sido mínima, con apenas más de 2.5 km realizados, de los cuales 1.5 km fueron adjudicados bajo corrupción a la empresa RAMAL CONSTRUCTORA Y PERFORADORA S.A. de C.V., que inició actividades tres días antes del fallo de adjudicación de obra, evidenciando que la licitación pública fue una simulación.
En Acteal Centro, las víctimas y familiares, junto con la autoridad comunitaria, solicitaron la implementación de un proyecto hidráulico debido a la falta de agua entubada y un proyecto de electrificación por la necesidad urgente de ampliar y rehabilitar el servicio de luz eléctrica.
Las garantías de no repetición, parte crucial del Acuerdo de Solución Amistosa, no han sido adecuadamente atendidas. La designación de dos expertos independientes para realizar un análisis contextual de las acciones llevadas a cabo por las autoridades ministeriales responsables de investigar la Masacre de Acteal sigue pendiente. Hasta la fecha, los representantes del Gobierno mexicano no han establecido una fecha para la instalación formal de trabajo de estos expertos, argumentando la falta de recursos económicos y la demora en la emisión del informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es cierto que la CIDH ha tardado más de 19 años en resolver el caso, pero la propuesta de un Acuerdo de Solución Amistosa en 2015 durante la audiencia de fondo del caso no fue iniciativa de las víctimas, sino de los representantes del Gobierno mexicano de entonces. Este hecho deja mucho que desear de un Gobierno supuestamente progresista como el de la Cuarta Transformación, que debería haber dado prioridad a las víctimas y a la justicia.
En una reunión el 22 de marzo de este año, Leonel Rivero, representante legal de las víctimas, se reunió con personal de la CIDH para obtener información actualizada sobre el informe de fondo del caso 12 mil 790 México.
La respuesta de los funcionarios de la CIDH fue que los informes de fondo se emiten por orden cronológico y que este año (2024) la Comisión emitirá informes sobre casos presentados en 2002. Si el caso Acteal fue presentado en marzo de 2005, significa que hasta 2027 se publicará el informe de fondo. Esto resulta frustrante, considerando que otros casos han sido resueltos más rápidamente, como el caso 12 mil 846 Mariana Selvas Gómez y otras (Atenco), presentado en 2008 y resuelto en 2015, o el caso 12 mil 689 J.S.H. y M.G.S vs México, presentado en 2004 y resuelto en 2015.
Por lo anterior, solicitamos:
1. Publicación del Informe de Fondo: Con fundamento en la resolución 4/23 de la CIDH sobre Política de Priorización de Peticiones y Casos del 20 de diciembre de 2023, pedimos a la CIDH que publique a la brevedad posible el informe correspondiente al caso 12 mil 790 México, para dar esperanza a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
2. Compromiso del Gobierno mexicano: Exhortamos al Gobierno mexicano a no ser cómplice de los autores intelectuales del crimen de estado cometido en Acteal y romper el pacto de impunidad que ha impedido que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y su cadena de mando sean juzgados.
3. Llamado a la comunidad internacional: Hacemos un llamado al pueblo mexicano, a los pueblos del mundo y a la comunidad internacional a voltear la mirada hacia Chiapas, que ha vuelto a ser un epicentro de violencias, asesinatos y desplazamientos forzados debido a la omisión de los distintos órdenes de Gobierno.
4. Presentación con vida de desaparecidos: Exigimos la presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunés Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos desde hace 17 meses.
