Elecciones pendientes, violencia territorial y desplazamientos forzados marcan el fin de la actual gestión estatal
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En el cierre del periodo constitucional para los ayuntamientos y el Congreso del Estado en Chiapas, la situación de conflictos sociales se intensifica en diversas regiones. En Tila, la disputa territorial entre organizaciones delictivas ha provocado desplazamiento forzado, convirtiendo la cabecera municipal en un lugar casi deshabitado. El ayuntamiento local enfrenta acusaciones de omisión y complicidad por la falta de seguridad para los residentes.
En Pantelhó, la confrontación persiste, esto afecta la seguridad de las familias. Grupos de desplazados continúan sufriendo, con un alarmante número de personas desaparecidas desde julio de 2021. La posibilidad de elecciones extraordinarias está en duda, lo que podría llevar a la designación de un concejo municipal para asegurar la gobernabilidad en medio de la violencia.
En Chicomuselo y Frontera Comalapa, la inseguridad impide la celebración de elecciones locales, lo que fuerza a muchos pobladores a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Estos conflictos tienen un impacto directo en municipios cercanos como Tuxtla Gutiérrez, que enfrenta un aumento en la población desplazada y una presión adicional sobre sus servicios públicos.
El reciente proceso electoral en Capitán Luis Ángel Vidal ha generado incertidumbre, con la entrega pendiente de la constancia de mayoría. Esta situación refleja la fragilidad institucional y la necesidad de medidas urgentes para estabilizar la administración local y restaurar la confianza en el Gobierno.
En medio de estos conflictos regionales, la lucha por la tierra entre comunidades indígenas en Chenalhó, Chalchihuitán, y Aldama persiste, lo que desafía los acuerdos previos y genera tensiones continuas. Los desplazamientos forzados y la falta de resolución legal adecuada subrayan la urgencia de aplicar el Estado de Derecho para garantizar la seguridad y la paz en estas áreas.
En resumen, Chiapas enfrenta una compleja red de conflictos sociales y políticos que afectan profundamente a sus comunidades. La falta de seguridad, la disputa por recursos naturales y los vacíos institucionales requieren una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades estatales y federales para proteger los derechos humanos y restaurar la estabilidad en la región.
