La Comisión de Puntos Constitucionales inauguró el primer foro de los “Diálogos
Nacionales para la Reforma del Poder Judicial
PORTAVOZ/AGENCIAS
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acudieron la tarde
este jueves a la Cámara de Diputados al primer foro de nueve en los que se discutirá la
Reforma Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que
respalda la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo punto nodal es la
elección popular de ministros, jueces y magistrados.
Después de meses de rechazar una reforma en la materia, los ministros que acudieron
al foro “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”. Ahí
reconocieron que se pueda llevar a cabo una elección de los impartidores de justicia,
pero pidieron que se lleve a cabo de manera escalonada. E incluso propusieron, en el
caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que el voto directo puede ser
para decidir la permanencia de jueces, magistrados y ministros, no para reemplazar
todos los cargos.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue quien comenzó las intervenciones de los
miembros de la SCJN. Dijo que el esquema para elegir estos cargos por voto directo de
la ciudadanía no le parece idóneo, aunque aceptó que pueda realizarse poco a poco:
“Me parece que la implementación de ese cambio trascendental, es decir, el sustituir
en un solo momento a más de mil 600 juzgadores y ministros de la SCJN generaría un
desajuste importante de los órganos de impartición de justicia federal”, por eso
propuso que la sustitución de estos cargos sea gradual y con eso se reduzcan las
afectaciones a los usuarios del Poder Judicial.
Jorge Mario Pardo Rebolledo comentó que, con base en sus 40 años de servicio, la
carrera judicial y los concursos por los que se acceden a los puestos de jueces, juezas,
magistrados, magistradas, ministros y ministras constituyen una vía adecuada para
quienes conforman la estructura de dicho poder.
“El Consejo de la Judicatura Federal recibe las denuncias de posibles actos de
corrupción así como de posibles faltas administrativas cometidas en el empleo de las
funciones y de seguir los procedimientos adecuados para sancionar servidores actuado
indebidamente. Tengo la convicción de que la mayoría presta su servicio con
profesionalismo y que los casos de concepción son la excepción no la regla. Claro que
hay áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender
mejor”, agregó.
La siguiente en tomar la palabra fue la Ministra Lenia Batres Guadarrama quien
comenzó su intervención asegurando que en el Poder Judicial de la Federación “hoy las
puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder
Judicial es independiente ciudadanos no de los poderes fácticos”.
En ese sentido, al señalar que es una “reforma histórica”, expuso sus propuestas para
complementar con lo siguiente: limitar interpretaciones y resoluciones, absteniéndose
de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado, y de emitir
estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o
legislativa; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la
administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios;
transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la
Suprema Corte.
Luego habló el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien refirió que de
aprobarse en sus términos la reforma al Poder Judicial, “no ofrece solución a los
problemas que aquejan al país, pero sí pone en riesgo el acceso a la justicia
independiente e imparcial para millones de personas, sin embargo, ya no es momento
para generacionismo sino para contribuir y dialogar la iniciativa”.
“Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial, mucho se ha dicho
de la elección popular, pero pongámonos de acuerdo, porque la iniciativa dice que
sean elegidas por la ciudadanía, pero la convocatoria no es abierta, serán postuladas
por los Poderes de la Unión. Veo varios problemas en esto, el primero es que se deja
de lado la carrera judicial, el mérito, la experiencia, estamos politizando los
nombramientos, los candidatos pasarán por un filtro político… El voto directo puede
ser para decidir su permanencia, no para reemplazar todos los cargos”.
El ministro Javier Laynez Potisek se posicionó en contra de la reforma al Poder Judicial
dado que la carrera judicial y los concurso, esquema por el cual se eligen jueces,
magistrados y ministros implementada hace 30 años, no ha traído corrupción,
impunidad o tráfico de influencias: “sigo convencido que la mayoría de personas
juzgadoras son mexicanas y mexicanos mayormente honestos, que están ahí por
méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
“Claro que hay problemas y deficiencias, menciono una que es la incapacidad que
hemos tenido para comunicarnos con la sociedad, para transmitirle qué hacemos,
quiénes somos y cómo lo hacemos, pero considero que la votación popular no es la
solución a los problemas del Poder Judicial y temo que esta propuesta pueda agravar
estos problemas”, dijo.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa se mostró a su vez a favor de la reforma tras
señalar que “el mandato popular no se puede negar”, pero expuso una propuesta, la
de las elecciones populares sucesivas para renovar todos los cargos de manera
escalonada: “para ir cubriendo de forma escalonada aquellos cargos que queden
ausentes por diferentes motivos, que las posiciones se vayan ocupando gradualmente
por la elección directa que garantice altos estándares de calidad, elevar nivel técnico
de todas las personas juzgadoras para lograr la renovación total y paulatina”.
“Me permito entregar a esta soberanía mi propuesta que contiene siete puntos
esenciales: la elección popular de todos los integrante de la SCJN y del Tribunal de
Disciplina Judicial, la sustitución progresiva de jueces y magistrados, garantía de
idoneidad y excelencia de los perfiles, respeto derechos labores, observancia de la
paridad de género, jueces cercanos a la gente y justicia para todas las personas por
igual”.
La reforma del presidente López Obrador propone, entre otras cosas, que jueces,
juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean elegidas a través del voto
popular, y disminuir de 11 a nueve los miembros del pleno de la SCJN, resolver con
mayor celeridad los asuntos que lleguen ante togados e implementar una política de
austeridad. Al foro llamado “¿Qué Poder Judicial tenemos?¿Qué Poder Judicial
queremos?”, asistieron todos y todas las ministras del alto tribunal del país, incluida la
ministra presidenta y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández.
En contra de la reforma, tal y como está, se pronunció el ministro Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena, quien advirtió que una reforma constitucional “mal hecha” afectará la
economía nacional: “la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la
justicia, una reforma mal hecha afectará la economía nacional mientras que una
exitosa potencializará el poder económico. Asumiendo que el poder reformador decida
instaurar un modelo de elección popular es importante considerar el impacto
económico de un mal diseño, costo para quienes usan el sistema de justicia dado que
no participar ocasionará que haya juzgadores contrario a sus intereses”.
Gutiérrez Ortiz Mena dijo que una mejor reforma podría ser al sistema meritocrático
de carrera judicial, pero que si la decisión es la reforma al Poder Judicial con la medida
del voto directo de la ciudadanía, se deben incluir remedios a problemas ya presentes
que podrían agravarse como la profesionalización de la función judicial mediante la
capacitación permanente con escuela judicial autónoma.
El séptimo ministro en hablar fue Alberto Pérez Dayán, quien coincidió con la
justificación de la reforma al Poder Judicial. “Las instituciones del Estado no han
alcanzado el nivel de satisfacción y certidumbres que demandan la sociedad”. Pero
señaló que toda reforma constitucional impone un estudio profundo. “La prisa no es
un buen consejero, no es recomendable tomar riesgos alguno”, expresó.
Pérez Dayán, como sus compañeros, habló de la carrera judicial al mencionar que la
militancia que implica el voto directo de la ciudadanía, la desvirtúa: “la división de
poderes, el sistema de frenos y balances caracterizan y dan fuerza a regímenes
democráticos y modernos, esta es una oportunidad para la nación de sumar la
experiencia legislativa, judicial y ejecutiva, y que los tres poderes refrenden su
compromiso de Gobierno con su pueblo”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, en su intervención, se enfocó en los mecanismos de
elección de los altos cargos del Poder Judicial que propone la iniciativa, es decir, el
voto directo de la ciudadanía. Dijo que los estándares internacionales no establecen un
modelo ideal de elección de jueces porque es un ejercicio soberano de cada Estado,
pero recordó que la CIDH ha señalado que, desde una perspectiva sustancial y con
independencia, deben existir garantías que aseguren que estos no sean realizados ni
percibidos como una decisión de carácter política que afecte a los justiciables.
“Dentro del sistema interamericano los criterios de selección deben ser objetivos,
basados en el mérito personal y profesional, dejemos atrás la aplicación pasiva para
colocar en el centro a las personas justiciables”, agregó.
Continuando con las intervenciones, la ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que “una
buena reforma legislativa” tiene cuatro características: “orientada resolver problemas
según la realidad; no desarreglar lo que funciona; debe ser económica; implementarse
con sencillez”. Para que eso se cumpla, compartió sus ideas opuestas a la reforma al
Poder Judicial como el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados,
fortalecer la escuela de formación judicial del Poder Judicial para capacitar a los
profesionales de los poderes judiciales locales.
“Tercer tema, se opina que falta dimensión social en la judicatura, yo creo que no,
pero siempre es posible mejorar por lo que es mejor un ajuste a la carrera judicial para
que incluyan un año de servicio social jurídico, donde tanta falta hace pero la carrera
judicial no debe desaparecer para que siga siendo una de las más profesionales de
México”.
También propuso clínicas de asesoría jurídica gratuita que la Defensoría Pública con
universidades capaciten a jóvenes abogados para que brinden ayuda legal en
comunidades marginadas, “no solo ayudar cuando hay problema, evitarlos, y esto
quedó en el tintero del presidente López Obrador”.
El ministro Luis María Aguilar Morales habló, sustancialmente, de la independencia de
las personas juzgadoras y que es la carrera judicial la que garantiza este derecho que
dijo es del pueblo, no de los jueces. “Se habla de una Reforma al Poder Judicial como si
solo hubiera un bloque, pero son dos grandes bloques, no descuidemos la justicia de
los estados donde es necesario un sistema mucho más estricto de selección de los
juzgadores, que no sean los gobernadores lo que elijan a los magistrados porque,
insisto, la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores”.
“No niego que puede perfeccionarse al Poder Judicial, pero siempre en el bienestar del
pueblo que es a quien está dirigida la justicia, si tenemos en cuenta esto,
aprovechemos la carrera judicial y si se puede combinar de manera eficiente con la
elección popular, que se haga, mi única condición es que jueces y juzgadores sean
independientes, mientras no se pierda eso, vamos por buen camino”, señaló Aguilar
Morales.
Tanto Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, como Rubén
Moreira, líder de la bancada del PRI, reconocieron la necesidad de llevar a cabo una
Reforma Judicial, pero matizaron que debe respetarse la independencia del Poder
Judicial.
“Nosotros, yo lo puedo decir a nombre 100 por ciento del Partido Acción Nacional, lo
decimos, tenemos auténtica fe en que este sea el inicio de espacios de diálogo, de
escucharnos”, sostuvo Romera Herrera, quien admitió que “hay cuestiones con las que
coincidimos y en las que habremos de coincidir” con el oficialismo. Aunque aclaró que
donde centrarán su debate es “en no perder con un nuevo modelo la independencia
que deben tener sustancialmente las mujeres y los hombres que juzguen en este país”.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, consideró que la
iniciativa de la reforma al Poder Judicial requiere de tiempo para discutirse. Reconoció
a Ignacio Mier por la apertura al diálogo. También manifestó que México requiere un
Poder Judicial que cuente con todos los recursos, algo que, consideró, no se ha
garantizado
En tanto, el senador Ricardo Monreal como el diputado Ignacio Mier Velasco,
coordinadores de Morena en ambas Cámaras, se mostraron dispuestos a escuchar
todas las propuestas y prometieron ser responsables. Mier Velasco detalló que hay
apertura al diálogo, pero añadió: “con toda honestidad, de manera enfática,
manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos, derivado de
ese mandato popular, al que no podemos ni mentir ni traicionar. De tal manera que la
conformación de la Suprema Corte, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad
democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar
sujetos a la voluntad popular”.
El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo a su vez que se
respetarán las posturas de los ministros, pero precisó que tendrán que llevar a cabo
una “revolución al Poder Judicial” porque le darán al pueblo el poder de elegir a los
integrantes de este poder, porque, sostuvo, así fue el mandato del pasado 2 de junio.
“Sí es un clamor del pueblo, el pueblo tiene hambre y sed de justicia”.
