Ejidatarios mantienen vigilancia armada tras enfrentamientos con autoridades, exigen soluciones a problemas de infraestructura
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Altamirano persiste un conflicto que ha desencadenado violencia por más de 10 meses, la causa: problemas de calidad en obras públicas. Lo que comenzó como manifestaciones de ejidatarios en 2023 contra autoridades municipales, pronto dejó un saldo de víctimas mortales y heridos. Esta situación culminó en bloqueos carreteros, toma de edificios gubernamentales y enfrentamientos que han paralizado la vida cotidiana de la comunidad.
Los ejidatarios, frustrados por la presunta corrupción y falta de respuesta de las autoridades municipales, han tomado medidas extremas para hacer oír sus demandas. La retención de personas, encarcelamientos y el incendio de propiedades han marcado un desafío directo al Estado de Derecho en la región, mientras que la suspensión prolongada de servicios básicos como la energía eléctrica y el agua potable ha complicado las condiciones de vida de los habitantes.
El Concejo de la localidad no se encuentra en la Presidencia municipal y por ello, optaron por levantar el plantón. Sin embargo, montaron guardias para evitar que el recinto sea vandalizado. Añadieron que, esperarán la toma de protesta del nuevo alcalde electo, a quien le harán entrega del edificio el 1 de octubre. No obstante, mantienen la seguridad en las entradas de la localidad para evitar intrusiones y posibles actos violentos de individuos desconocidos.
Este conflicto no solo revela las profundas grietas en la gobernanza local, sino que también plantea preguntas urgentes sobre la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de este calibre y garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La comunidad de Altamirano enfrenta un futuro incierto mientras espera una resolución pacífica y duradera a un conflicto que ha alterado profundamente su vida diaria y su sentido de seguridad.
