Expusieron discrepancias entre plazas vacantes prometidas y las liberadas, lo que genera tensión en el sector educativo
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Un grupo de maestras en Chiapas ha levantado la voz contra lo que describen como irregularidades y corrupción en el proceso de admisión docente para el ciclo 2023-2024 en el nivel preescolar. Según las denunciantes, el proceso concluido el 31 de mayo no liberó todas las plazas vacantes que se esperaban, en especial aquellas disponibles por ascensos dentro del sistema educativo.
Las maestras señalaron que la convocatoria de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), establecía que las plazas serían ofertadas como vacantes disponibles, siempre que fueran validadas antes del 16 de mayo de 2024. Este periodo incluyó algo conocido como movimiento en cascada, donde la promoción de un puesto conlleva a la ocupación de otros puestos inferiores.
El grupo identificó un total de 34 vacantes por ascenso, distribuidas entre jefas de sector, supervisoras y directoras técnicas. Sin embargo, solo seis plazas fueron liberadas para la admisión docente, lo cual contrasta con las 28 plazas que consideran deberían haberse liberado según los movimientos de ascenso reportados.
Ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de las autoridades educativas, las maestras expresaron su frustración por el hecho de que la Secretaría de Educación se mantiene omisa ante la problemática. Por lo tanto, es considerado como un abuso sistemático a sus derechos laborales y al proceso justo de admisión.
Las denunciantes han advertido que podrían tomar acciones radicales para presionar por una respuesta adecuada a sus demandas. Este caso no solo pone de manifiesto las presuntas irregularidades en el proceso de admisión, sino también la determinación de las afectadas por garantizar la transparencia y equidad en el acceso a las oportunidades laborales dentro del sistema educativo de Chiapas.
Este conflicto subraya la importancia de una gestión transparente y equitativa en los procesos de admisión y promoción dentro de la educación pública, así como la necesidad de que las autoridades respondan de manera adecuada y oportuna a las preocupaciones legítimas de los trabajadores del sector educativo.