Con Peña Nieto se recibieron 42 mil 631 solicitudes, mientras que con AMLO van 82 mil 147
PORTAVOZ/AGENCIAS
Las impugnaciones por las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) a solicitudes de información casi se duplicaron al crecer 92 por ciento en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al de su antecesor priista Enrique Peña Nieto, un dato que muestra el retroceso en acceso a la información, de acuerdo con un reporte de Artículo 19 presentado este martes.
Y es que mientras los sujetos obligados por ley a responder las solicitudes de información recibieron 42 mil 631 impugnaciones por sus respuestas en el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Gobierno de López Obrador recibió 82 mil 147, un alza de 92 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) retomados en el reporte Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México.
Esta situación es considerada por Artículo 19 tan solo un ejemplo de que el acceso a la información en este sexenio sufrió “ francos retrocesos” pese a que se autonombró como el “de la transparencia”.
“Tan solo en el primer año de Gobierno, el número de recursos de revisión creció 62.8 por ciento en comparación con 2018”, agregó la organización.
Artículo 19 destaca que “la mayor expresión de esta contracción” en el acceso a la información fue la “parálisis” a la que Morena y aliados en el Senado sometieron al INAI al omitir el nombramiento de tres nuevos comisionadas, vacantes aún vigentes.
Incluso, dentro de las propuestas de AMLO está aún la desaparición de organismo autónomos, como lo es el INAI. El lunes pasado, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, dijo que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”, en medio de llamados del INAI a dialogar.
Otros de los datos que muestran estos retrocesos en transparencia en el sexenio de López Obrador son los recursos que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia contra resoluciones del INAI que ordenaban entrega de información: hasta ahora la Consejería ha interpuesto este recurso en 100 ocasiones dado queconsidera que son asuntos de “seguridad nacional”.
Entre los asuntos por los que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha alegado que no se debería dar esa información por ser asuntos de “seguridad nacional” están: compra y autorización de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía, entre otros, recuerda Artículo 19.
POBLACIONES RURALES E INDÍGENAS, AFECTADAS POR LA FALTA DE ACCESO A INFORMACIÓN
El sexenio que está por concluir incluyó en su discurso el lema de “primero los pobres”, sin embargo, las poblaciones en situación de marginación y desigualdad, como las de zonas rurales e indígenas, enfrentaron la constante falta de garantías sobre su derecho de acceso a la información, indicó Artículo 19.
“Las poblaciones en mayor riesgo por la desigualdad y exclusión estructurales, como las rurales e indígenas, son quienes siguen padeciendo la falta de garantías de acceso a la información en contextos que las afectan gravemente y con mayor agudeza, como los desastres naturales”, indica el informe.
Artículo 19 tomó como ejemplos lo que ocurre con el programa Sembrando Vida (consistente en un apoyo económico para sembrar árboles frutales y maderables) así como datos de la emergencia climática.
Sobre Sembrando Vida, Artículo 19 menciona que persiste la “opacidad” en la Secretaría de Bienestar -encabezada por Ariadna Montiel y que repetirá en este cargo en el Gobierno entrante de Sheinbaum- “al no divulgar información amplia sobre distintos aspectos del programa”.
Dicha opacidad incluye datos como el presupuesto y la entrega de recursos del programa, puesto que no se da y cuando por una solicitud de información se ve obligada a proporcionarla lo hace de forma incompleta.
Respecto al acceso a la información en temas como desastres naturales o cambio climático, Artículo 19 también encontró que o se da a cuenta gotas o no se cuenta con ella.
“Pone de manifiesto la poca disposición del Estado de transparentar y rendir cuentas sobre el uso de recursos, su capacidad de respuesta y a la atención hacia la población”, indica la organización.
Por tanto, Artículo 19 concluye sobre este punto que “no está garantizado el derecho a la información plenamente en contextos de desastres naturales, cuando tendría que ser una prioridad para la población que pudiera verse afectada por esos fenómenos y así reducir su vulnerabilidad y las repercusiones en sus vidas”.
GOBIERNO DE AMLO DEJA PENDIENTE REVERTIR VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA
El Gobierno del presidente López Obrador no solo no resolvió los pendientes existentes en asuntos de libertad de expresión desde otros sexenios sino que heredará nuevos a la siguiente administración, advirtió Artículo 19.
“La libertad de expresión en México afrontó grandes desafíos en este sexenio, que fue reconocido como un cambio de régimen. Sin embargo, siguieron vigentes —y en algunos casos se profundizaron— los resabios de autoritarismo que el ‘régimen de la transición’ (1997-2018) no fue capaz de revertir”, indica el informe.
Entre los pendientes que no se resolvieron, Artículo 19 menciona: violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.
Además, este sexenio sumará a esa lista otros desafíos para la libertad de expresión entre los que destacan:
“Las intentonas del Poder Legislativo de ejercer censura en línea —algunas consumadas— y la falta de acceso pleno a la información para poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en contextos de desastres naturales como de los programas sociales emblema”, se lee en el documento.
A esto se añade que aumentó la vigilancia de ciertos grupos, como defensores de derechos humanos, el mensaje de impunidad en agresiones contra la prensa y la desinstitucionalización entendida como “la falta de designaciones a la par de precarios recursos materiales, financieros y humanos para las instituciones que protegen y procuran los derechos humanos”.
