Empresas locales y consumidores se verían afectados por el alza de costos si no se renuevan los acuerdos en 2025
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La no renovación del decreto que otorga beneficios fiscales a la región fronteriza de Chiapas podría tener un impacto significativo en la economía local, advirtió el contador público, Fidel Moreno. Esta medida, que ha estado vigente desde el 1 de enero de 2021, ha permitido una reducción del ISR del 30 al 20 por ciento y un estímulo del 50 por cientoen la tasa del IVA. Sin embargo, estos beneficios expiran el 31 de diciembre de 2024, lo que plantea un escenario preocupante para el 2025.
El fin de estos beneficios fiscales no solo incrementaría el costo de la gasolina y otros productos, sino que también afectaría la competitividad de las empresas locales. En la actualidad, los consumidores disfrutan de precios más bajos gracias a la reducción del IVA al ocho por ciento. Si el decreto no se renueva, este aumento se reflejaría en un alza inmediata al 16 por ciento en diversos productos y servicios.
Este incremento, aunque aparentemente pequeño, representa una carga significativa para las familias y las empresas que dependen del transporte para sus operaciones diarias. La diferencia por litro puede traducirse en cientos de pesos adicionales al mes para los hogares, lo que afecta su economía.
Además, Moreno de Los Santos destacó que el 90 por cientode las empresas de la región han sido beneficiadas por estos estímulos fiscales, permitiéndoles ofrecer precios más competitivos y absorber parte de los costos operativos. La pérdida de estos beneficios podría obligar a muchas empresas a trasladar los costos adicionales a los consumidores, lo que culminaría en un aumento generalizado de precios en toda la región.
Es vital que el nuevo Gobierno federal considere la renovación de este decreto para evitar un impacto negativo en la economía local. Además, los diputados federales tienen la capacidad de incluir esta renovación en el paquete económico de diciembre. Mantener estos beneficios fiscales es esencial no solo para la estabilidad económica de la región fronteriza, sino también para asegurar el bienestar de las familias y la competitividad de las empresas de Tapachula.
