El boicot se manifiesta con la entrega de escrituras a particulares y desprestigio tanto en redes sociales como enmedios locales
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se vive una situación alarmante de criminalización y hostigamiento hacia defensores de derechos humanos y del agua, centrada en el colectivo “Guardianes de los Humedales”. La organización Artículo 19 ha denunciado un aumento significativo de estos actos en los últimos meses, los cuales ponen en riesgo la seguridad y la labor de los integrantes de este colectivo.
El colectivo “Guardianes de los Humedales” ha centrado sus esfuerzos en la protección y conservación del humedal de montaña La Kisst, una zona crucial para la biodiversidad y el suministro de agua en la región. Este humedal es vital no solo para el medio ambiente, sino también para las comunidades locales que dependen de sus recursos naturales. La lucha por su preservación, sin embargo, ha llevado a los defensores a enfrentar hostigamiento y criminalización constantes.
La situación se agravó el 27 de junio de 2024, cuando el juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas emitió una notificación de desalojo a algunos habitantes de la colonia 5 de Marzo. Más de cuatromil personas, en su mayoría de comunidades tseltales, tsotsiles y choles, han habitado este predio de aproximadamente 15 hectáreas desde el 5 de Marzo de 1994. La propiedad es reclamada por la empresa inmobiliaria Molino de la Alborada, S.A. de C.V., que busca vender el terreno bajo condiciones desfavorables para los actuales residentes.
Según los representantes de la colonia, la negociación del contrato de compra-venta se ha prolongado desde el 25 de abril de 2023, con 12 reuniones de trabajo entre la inmobiliaria, los tres órdenes de Gobierno y los representantes de la colonia. A pesar de estos esfuerzos, la empresa ha sido acusada de desestabilizar el tejido social de la colonia mediante información contradictoria y opaca sobre la transacción.
El colectivo “Guardianes de los Humedales” se ha destacado por sus actividades de conservación del humedal La Kisst. Han formado comités vecinales y estudiantiles para llevar a cabo campañas de reforestación, recolección de residuos sólidos y educación ambiental para niños y niñas. Además, realizan acciones para prevenir la contaminación del agua, los incendios provocados y la tala de árboles en la zona. La importancia de este humedal radica en el escurrimiento del agua desde las montañas hacia la mancha urbana de San Cristóbal de Las Casas, particularmente en las colindancias de la colonia 5 de Marzo.
HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN
Desde el inicio de sus labores de defensa del humedal, los integrantes del colectivo han enfrentado diversas formas de hostigamiento. Artículo 19 ha resaltado que estos actos no solo buscan intimidar a los defensores, sino también desacreditar su trabajo ante la comunidad y las autoridades. Esta criminalización se manifiesta en acciones legales y administrativas que ponen en duda la legitimidad de su lucha y buscan paralizar sus actividades.
La amenaza de desalojo y las constantes acciones de hostigamiento han generado un ambiente de inseguridad y tensión en la colonia 5 de Marzo. Las familias que han vivido allí por más de tres décadas se enfrentan a la posibilidad de perder sus hogares y la tierra que han cuidado y defendido. La incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas y la criminalización de sus líderes afectan el bienestar y la cohesión de la comunidad.
A pesar de estos desafíos, la comunidad y el colectivo “Guardianes de los Humedales” continúan con su lucha. Han recibido el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y ambientales, que han denunciado públicamente los abusos y exigido el respeto a los derechos de los defensores. La solidaridad entre los habitantes y el respaldo externo han sido fundamentales para mantener la resistencia frente a las presiones de la empresa inmobiliaria y las autoridades.
El caso de la colonia 5 de Marzo y el colectivo “Guardianes de los Humedales” en San Cristóbal de Las Casas refleja una problemática más amplia de criminalización de defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México. La protección de los humedales, vitales para la biodiversidad y el sustento de comunidades indígenas, se enfrenta a intereses económicos que buscan explotar estos recursos sin considerar el impacto social y ambiental.
Es crucial que las autoridades locales y nacionales reconozcan y protejan la labor de los defensores del humedal La Kisst. Asimismo, es necesario garantizar que las negociaciones sobre el futuro de la tierra de la colonia 5 de Marzo sean transparentes y justas, respetando los derechos y la dignidad de sus habitantes. La criminalización y el hostigamiento deben cesar, permitiendo que los “Guardianes de los Humedales” continúen con su invaluable trabajo de conservación y defensa del medio ambiente.
El colectivo “Guardianes de los Humedales” ha alzado la voz contra lo que consideran un atentado grave a los derechos humanos y ambientales. El grupo ha denunciado la complicidad de las autoridades municipales y estatales con la empresa inmobiliaria Molino la Alborada A.C de S.V, acusándolas de intentar dividir a la comunidad para dificultar el proceso de negociación y facilitar la urbanización de los humedales.
Según el colectivo, este hostigamiento se manifiesta de diversas formas, entre ellas la entrega de escrituras a particulares y la difusión de campañas de desprestigio en redes sociales y medios locales. Estas acciones, afirman, tienen como objetivo desarticular los esfuerzos comunitarios de protección de los humedales y fomentar la desconfianza entre los vecinos.
El conflicto se centra en el plan de la empresa de construir 240 unidades de condominios sobre los humedales, un proyecto que los “Guardianes de los Humedales” consideran una “grave amenaza para el derecho humano al agua y un medio ambiente sano”. La preocupación no es infundada; de acuerdo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), la importancia de estos humedales va más allá de su biodiversidad. Los humedales recargan varios manantiales cruciales – Pedregal, Campanario, Real del Monte, Navajuelos y San Juan de los Lagos – que abastecen de agua potable a más de 14 mil habitantes del sur de la ciudad.
La protección de estos humedales ha sido un objetivo clave para las autoridades ambientales en los últimos años. En 2022, el humedal La Kisst fue declarado hábitat crítico por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Más recientemente, en enero de 2024, un acuerdo presidencial, logrado en gran parte gracias a los esfuerzos del colectivo, declaró estos humedales como áreas naturales protegidas, con la categoría de área de protección de flora y fauna. Esta declaración abarca una superficie de 215-70-69.23 hectáreas y tiene como fin principal evitar que los humedales sean transformados en propiedades para uso inmobiliario.
A pesar de estas medidas de protección, el colectivo denuncia que Molino la Alborada A.C de S.V ha continuado con acciones para desestabilizar el tejido social dentro de la colonia. Han reportado que la empresa, con el apoyo de las autoridades, ha dado información contradictoria y opaca sobre la compra-venta de terrenos. Además, se ha acusado a la empresa de entregar escrituras a particulares con la intención de dividir a la comunidad y debilitar los esfuerzos de negociación que los vecinos han estado llevando a cabo con los tres órdenes de Gobierno.
Estas denuncias plantean serias preguntas sobre la integridad de los procesos de protección ambiental y la ética de las relaciones entre empresas y autoridades. Los “Guardianes de los Humedales” continúan su lucha, haciendo un llamado a la comunidad y a las autoridades nacionales para que se respeten las declaratorias de protección y se detengan los intentos de urbanización que amenazan no solo el ecosistema, sino también la calidad de vida de miles de ciudadanos que dependen de estos recursos naturales.
Desde la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se estableció en México el derecho de todos los ciudadanos a recibir información completa y oportuna. Sin embargo, para los defensores del medio ambiente, este derecho parece estar lejos de ser una realidad.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado por México en noviembre de 2020, enfatiza la necesidad de divulgar información ambiental y proteger a los defensores ambientales. A pesar de estas disposiciones, los miembros del colectivo dedicado a la defensa del humedal, han sido objeto de una creciente campaña de hostigamiento y criminalización.
En los últimos meses, los integrantes del colectivo han reportado incidentes alarmantes. El 7 de julio de 2024, se difundieron en redes sociales los nombres completos y fotografías de varios integrantes del colectivo, acompañados de acusaciones de ser “falsos ambientalistas” que engañan a la comunidad. Este acto de difamación fue seguido por un programa de radio emitido el 11 de julio, donde los integrantes fueron calificados como “presuntos ambientalistas” que obstaculizan el desarrollo económico local, llegando incluso a utilizar términos discriminatorios como “Nacolas”.
Estos eventos no son aislados. Según el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, los estados están obligados a proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, asegurando su integridad física y promoviendo su labor en condiciones seguras. Sin embargo, las autoridades locales no han tomado medidas adecuadas para proteger a los miembros del colectivo frente a estas amenazas crecientes.
El colectivo ha denunciado repetidamente estos actos ante las autoridades competentes, recordando a los tres órdenes de Gobierno sus obligaciones en materia de derechos humanos y exigiendo medidas inmediatas para investigar y sancionar a los responsables. La falta de respuesta efectiva de las autoridades deja en evidencia la vulnerabilidad de los defensores ambientales en San Cristóbal de Las Casas, quienes continúan su labor bajo amenazas constantes y un clima de intimidación.
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos y ambientales han instado a las autoridades a cumplir con sus compromisos internacionales y garantizar un entorno seguro para aquellos que protegen nuestros recursos naturales. El caso del colectivo “Guardianes de los Humedales” no solo refleja un fracaso en la protección de los derechos humanos básicos, sino también una prueba crucial de la voluntad del Gobierno de para salvaguardar el medio ambiente y a quienes lo defienden.
