Imponen penas severas para combatir dicha problemática, con especial atención en Chiapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
A partir del 7 de junio de 2024, México dio un paso significativo para combatir la explotación laboral, una problemática que afecta a estados como Chiapas. La nueva legislación establece penas de tres a 10 años de prisión y multas de hasta 10 mil días de salario mínimo para quienes obliguen a sus empleados a jornadas excesivas, atentando contra su dignidad. Según el contador público fiscalista, Néstor Gabriel López, esta reforma busca erradicar la explotación laboral.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es su firme postura contra la trata de personas para trabajos forzosos. La Ley General en Materia de Trata de Personas, en conjunción con la Ley Federal del Trabajo, establece límites claros para evitar la explotación a través de jornadas laborales excesivas. Esto representa un cambio significativo en estados como Chiapas, donde la informalidad laboral es una realidad predominante y muchas veces escapa al control legal.
Aunque la Ley Federal del Trabajo permite la extensión de jornadas laborales bajo ciertas condiciones, la Ley General en Materia de Trata de Personas impone restricciones más severas, al crear un dilema para los empleadores que deben equilibrar ambas normativas.
La adopción de soluciones digitales para el control de horas trabajadas se vuelve crucial en este nuevo contexto. Los empleadores deben implementar sistemas que permitan monitorear la ubicación física de los empleados, sus horarios y el cumplimiento de las normativas laborales.
En última instancia, esta reforma representa una oportunidad para transformar el entorno laboral en Chiapas, promoviendo prácticas más justas y dignas. La colaboración entre autoridades y empleadores será vital para asegurar que las sanciones por explotación laboral se apliquen de manera efectiva, protegiendo así los derechos de los trabajadores para avanzar hacia un futuro laboral más equitativo.
