Esta situación cuestiona la eficacia del sistema de justicia y vulneraciones a derechos fundamentales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Chiapas, el uso extendido de la prisión preventiva oficiosa ha creado un escenario crítico en los 17 centros penitenciarios del estado. Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 61.8 por ciento de los internos en Chiapas se encuentran en esta condición, lo que revela una dependencia excesiva en medidas cautelares prolongadas sin sentencia definitiva.
La alta proporción de detenidos en prisión preventiva sin condena es una señal alarmante de una justicia que no avanza con la rapidez necesaria. El informe muestra que, en Chiapas, solo un 20.1 por ciento está en prisión preventiva justificada, mientras que el resto permanece en un limbo jurídico. Esta condición afecta a seis de cada 10 de los internos y refleja una sobrecarga en el sistema judicial, donde la lentitud en los procesos es evidente.
La sobrepoblación en las cárceles chiapanecas, con una tasa de ocupación del 109.2 por ciento, agrava el problema. La falta de espacio y recursos adecuados para los internos limita el acceso a programas de rehabilitación y justicia efectiva. La alta ocupación también contribuye a un entorno penitenciario más tenso y menos seguro, donde los derechos humanos y las condiciones básicas de vida se ven comprometidos.
El tiempo de espera para una sentencia, que alcanza hasta un año para una parte significativa de los internos, esto exhibela necesidad de reformas urgentes. La prolongación de la prisión preventiva no solo incrementa el sufrimiento de los individuos afectados, sino que también pone en tela de juicio la capacidad del sistema para administrar justicia de manera equitativa y eficiente.
Con la entrada y salida constante de reclusos, la administración penitenciaria en Chiapas enfrenta un desafío. La necesidad de revisar las políticas de prisión preventiva y mejorar las condiciones carcelarias es notable. Reformar el sistema no solo aliviará la sobrecarga en los centros penitenciarios, sino que también garantizará un proceso judicial más justo para todos los involucrados.
