Se resguardan en Cuilco, departamento de Huehuetenango, así como en Chiantla, que
colinda con Motozintla
ARGENIS ESQUIPILAS/PORTAVOZ
La violencia desenfrenada en la Sierra Madre de Chiapas ha provocado una nueva ola de
desplazamientos forzados, con decenas de habitantes cruzando la frontera hacia
Guatemala en busca de refugio. Los sucesos ocurrieron el martes 23, cuando un grupo del
crimen organizado irrumpió violentamente en el poblado San José, en el municipio de
Amatenango de la Frontera, amenazando a los residentes con rifles y obligándolos a
abandonar sus hogares.
Desde Guatemala, se reporta la llegada de familias desplazadas provenientes de Chiapas,
México, quienes huyen de la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada.
Según los reportes, los chiapanecos se refugian principalmente en el poblado de Cuilco, en
el departamento de Huehuetenango, así como en el municipio de Chiantla, que colinda
con Motozintla y otros municipios de la Sierra.
Los habitantes, en su desesperación, caminaron por caminos de extravíos hasta llegar a un
tramo de terracería que rodea el río Cuilco, conocido en México como Grijalva, para
finalmente ingresar a territorio guatemalteco. Esta peligrosa travesía fue la única opción
para quienes escapaban de la amenaza inmediata de los grupos armados.
La gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández, declaró que son al menos 600
personas las que han cruzado la frontera y que se encuentran en urgente necesidad de
albergues, alimentos y medicamentos. “Es una situación crítica que requiere de una
respuesta inmediata y coordinada”, afirmó Hernández.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles que casi 600
mexicanos han cruzado la frontera en busca de refugio, huyendo de la violencia que azota
el sur de México. Los desplazados, que incluyen a niñas, niños, mujeres, hombres y
ancianos, suman ya unas 580 personas y han llegado a por lo menos dos comunidades en
el país vecino.
Arévalo explicó en una rueda de prensa, durante su visita a la construcción de un hospital
en el departamento de Sololá, que las familias mexicanas están “escapando a la
confrontación entre grupos que tiene lugar del lado de México”. La Secretaría Ejecutiva de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala
informó que los refugiados comenzaron a llegar el martes desde Chiapas hasta varios
puntos del municipio de Cuilco.
Del lado mexicano, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, un
estado donde la violencia se ha disparado por las pugnas entre organizaciones
relacionadas con el narcotráfico, aseguró que no había recibido reportes de
desplazamientos en la zona. Ni la Cancillería ni la Guardia Nacional mexicanas
respondieron inmediatamente a un pedido de comentario sobre los ciudadanos que
huyen y buscan refugio en Guatemala.
El presidente Arévalo detalló que el Gobierno guatemalteco está coordinando la atención
a través del Ministerio de Defensa y autoridades locales del departamento de
Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco. Un informe al que tuvo acceso Portavoz
sobre la atención a los refugiados mexicanos en Guatemala, indica que las familias
desplazadas decidieron abandonar sus hogares debido a la escasez de alimentos y la
creciente conflictividad entre grupos del crimen organizado en esa región.
Mientras tanto, las autoridades guatemaltecas y organizaciones de ayuda continúan
trabajando para proporcionar el apoyo necesario a estas familias desplazadas, mientras se
intensifican los esfuerzos por abordar la situación de violencia que afecta a las
comunidades en Chiapas.
En Guatemala, la gobernadora del departamento de Huehuetenango, Elsa Hernández,
informó que los desplazados están arribando con pocas pertenencias a los municipios de
Cuilco y Chiantla. “Están huyendo de la violencia y necesitan apoyo humanitario urgente,
incluyendo la instalación de albergues, alimentos y medicamentos”, señaló Hernández. La
situación es particularmente crítica en la comunidad Caníbal, Cuilco, donde la necesidad
de personal médico es apremiante. “La población apenas tiene para ellos mismos”,
añadió.
El martes por la tarde, los mexicanos ingresaron a Guatemala, y la mañana del miércoles
una comisión del Ministerio de Defensa, junto con el alcalde de Cuilco, Audilio Epifanio
Roblero Arreaga, y la gobernadora Hernández, se trasladaron al lugar donde permanecen
las familias chiapanecas desplazadas. En respuesta a la crisis, se establecerá un albergue
provisional en una de las escuelas de Cuilco, un municipio con más de 114 mil habitantes.
“Lo que necesitamos en este momento es atender a la población”, subrayó Hernández.
Mientras tanto, funcionarios del Gobierno de Chiapas aseguraron no tener conocimiento
sobre el desplazamiento de estas personas hacia Guatemala. “No hemos recibido ningún
reporte de algún ente social o político, organizaciones o alcaldes”, afirmó un funcionario
consultado. Este desconocimiento oficial resalta la desconexión entre las autoridades
locales y la realidad que enfrentan las comunidades afectadas.
Los desplazados de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero representan solo
una fracción de las víctimas del desplazamiento forzado que avanza a pasos agigantados
en Chiapas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la existencia de
pueblos fantasmas, donde la desolación y los grupos armados del crimen son lo único que
queda.
El desplazamiento forzado de los municipios de Amatenango de la Frontera y Mazapa de
Madero representa solo una parte del fenómeno creciente en Chiapas.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la existencia de pueblos
fantasmas, donde la desolación y la presencia de grupos armados del crimen organizado
son las únicas constantes. La violencia y el miedo han obligado a miles de personas a
abandonar sus hogares, buscando refugio en condiciones cada vez más precarias.
La situación en la Sierra Madre de Chiapas es una muestra alarmante del impacto del
crimen organizado y la falta de protección efectiva para las comunidades vulnerables.
Mientras los desplazados claman por ayuda al otro lado de la frontera, la respuesta de las
autoridades locales y nacionales sigue siendo insuficiente.
La necesidad de una intervención humanitaria y de seguridad urgente es crítica para evitar
una catástrofe aún mayor en esta región fronteriza.
El destino de estas familias chiapanecas, ahora en territorio guatemalteco, está en manos
de la cooperación binacional y la capacidad de las organizaciones humanitarias para
brindarles el apoyo necesario.
El drama de estos desplazados es un llamado a la acción para abordar las raíces del
conflicto y asegurar la protección y el bienestar de las comunidades afectadas por la
violencia en Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló el pasado
lunes que al menos 14 municipios de Chiapas se encuentran en “riesgo inminente” por la
violencia. Esta situación se ha agravado desde el pasado 14 de julio, obligando a los
habitantes a abandonar sus hogares. En las comunidades de Frontera Comalapa,
Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec, se ha reportado el reclutamiento forzado
de civiles por parte de los cárteles. Además, los accesos a Chicomuselo estuvieron
bloqueados durante el fin de semana.
De acuerdo con Frayba, los municipios en tal situación son: Frontera Comalapa,
Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista, Siltepec, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de
Ocampo, Honduras de la Sierra, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, La
Concordia, Montecristo de Guerrero y Ángel Albino Corzo.
En Chiapas, células delictivas se disputan desde 2021 el control del tráfico de migrantes,
drogas y armas. Esta disputa ha provocado que miles de habitantes se desplacen dentro
del propio estado y del país, y más recientemente, que el desplazamiento llegue hasta
Guatemala.
