Exigen frenar la impunidad de crímenes violentos, mientras los automovilistas enfrentan pagos irregulares para pasar
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En el ejido Las Perlas, Altamirano, un grupo de 40 personas ha levantado un bloqueo en una carretera clave, ello en respuesta a la ejecución de Gregorio de la Cruz de la Cruz, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ocurrido el año pasado en Veracruz. Esta acción busca presionar al Gobierno para que esclarezca el caso, el cual destaca la denuncia de tortura y asesinato del activista.
La protesta, aunque con un trasfondo legítimo de demanda de justicia, ha generado gran malestar entre los automovilistas. Estos reportan el pago de cuotas que van de 50 a 200 pesos, dependiendo del tamaño del vehículo, para pasar por el bloqueo. La controversia radica en que las carreteras deben ser libres para todos, y que los conflictos de organizaciones sociales no deberían impactar a terceros inocentes.
La tensión se intensifica con la percepción de que las autoridades han fallado en abordar el conflicto de manera efectiva. Mientras los manifestantes demandan justicia, el impacto negativo de sus acciones sobre la población general añade una capa de complejidad al problema. La presión para resolver el caso del activista se mezcla con la necesidad urgente de restaurar el orden y la libertad de tránsito en la región.
Las demandas del FNLS reflejan un descontento más profundo con el sistema de justicia y la forma en que maneja los casos de violencia. La protesta en Las Perlas se convierte en un movimiento de la lucha entre la necesidad de justicia para casos específicos y el derecho de los ciudadanos a no verse atrapados en conflictos ajenos. Este bloqueo subraya la creciente frustración con la lentitud de las respuestas oficiales.
El desafío para el Gobierno será equilibrar la respuesta a las demandas de justicia con la necesidad de mantener la libre circulación y el orden público. La situación en Altamirano resalta la urgencia de abordar los conflictos sociales de manera que no interfieran en la vida diaria de los ciudadanos, al tiempo que se garantice una justicia efectiva para las víctimas de violencia.
