La despenalización de interrupción del embarazo en Puebla contrasta con posturas que se
mantiene en el estado, donde aún no se han adoptado reformas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El debate sobre la despenalización del aborto sigue siendo uno de los temas más divisivos en
México, especialmente en Chiapas, donde la legislación se mantiene en un estado de
estancamiento. La reciente aprobación en Puebla, que la convierte en la décima cuarta entidad en
despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, contrasta con la situación en Chiapas. Esta
discrepancia subraya la resistencia en el estado a adoptar cambios legislativos.
La postura de la Iglesia católica sobre este tema, que considera la vida como un derecho desde la
concepción, ha generado un fuerte choque con quienes defienden el derecho de las mujeres a
decidir sobre su propio cuerpo. La Iglesia en su reciente declaración, ha instado a los nuevos
legisladores de la entidad a ofrecer alternativas viables para las mujeres embarazadas en lugar de
enfocarse solo en el aborto.
A nivel estatal, la resistencia al cambio se refleja en la falta de acción por parte de los legisladores
chiapanecos, muchos de los cuales han llegado a sus cargos en circunstancias cuestionables. La
falta de experiencia y la presión política pueden contribuir a la inercia legislativa en temas
controvertidos como el aborto.
Chiapas enfrenta múltiples desafíos sociales, incluidos altos niveles de violencia y desigualdad. En
este contexto, el debate sobre el aborto puede parecer desconectado de las necesidades urgentes
de la población. Sin embargo, es en estas circunstancias que una discusión informada y equilibrada
sobre derechos reproductivos puede ofrecer una perspectiva renovada sobre cómo abordar las
complejas interacciones entre la ley, la moral y la realidad social.
El futuro de la legislación sobre el aborto en Chiapas dependerá de la capacidad de los legisladores
para equilibrar las presiones morales con las necesidades prácticas de la población. Si bien la
postura de la Iglesia católica y la resistencia legislativa son factores importantes, es esencial que el
debate se centre en soluciones prácticas que respeten tanto los derechos individuales como las
realidades sociales.
