Uno de los infantes rescatados confesó que eran obligados a trabajar jornadas de 16:00 horas hasta la medianoche
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un operativo conjunto que involucró a la Policía Estatal, Guardia Nacional y Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (Prodennao), fueron rescatados nueve menores de edad víctimas de explotación laboral y trata de personas. Los menores, entre ellos dos niños y siete adolescentes, todos originarios del estado de Chiapas, eran obligados a vender baratijas, artesanías, dulces y cigarros en los corredores de una zona de restaurantes en la ciudad de Oaxaca.
El operativo, que se llevó a cabo tras denuncias anónimas, dejó al descubierto una red de explotación infantil que se extiende desde Chiapas hasta Oaxaca. La procuradora estatal de la Prodennao, Yarib Hernández, informó que durante la intervención, los menores, al ser cuestionados sobre sus actividades y la ausencia de permisos para trabajar, intentaron huir. En su desesperado intento de escapar de sus captores, buscaron refugio en una camioneta operada por dos adultos, quienes fueron detenidos de inmediato.
Los dos adultos detenidos fueron puestos a disposición del juez del Tribunal Superior de Justicia, quien determinó su vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de captación, traslado y alojamiento con fines de explotación laboral. Este caso ha revelado la cruda realidad de muchos niños en la región sureste del país, quienes son explotados bajo la promesa de un mejor futuro, pero terminan atrapados en redes de trata.
Posteriormente, los nueve menores fueron trasladados a un refugio del DIF estatal, donde permanecen bajo custodia mientras se investiga su situación. Según las autoridades, los menores vivían en condiciones inhumanas en una casa de seguridad ubicada en las afueras de la ciudad de Oaxaca. El lugar presentaba signos de hacinamiento, falta de higiene y una total desatención a las necesidades básicas de los niños.
Uno de los menores rescatados confesó que eran obligados a trabajar largas jornadas que iniciaban a las 16:00 horas y se extendían hasta la medianoche. A pesar del arduo trabajo, los menores no recibían ningún tipo de compensación económica, lo que refuerza las acusaciones contra los detenidos y subraya la urgente necesidad de abordar la problemática de la explotación laboral infantil en la región.
El rescate de los menores ha generado una fuerte reacción entre la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones han exigido que se refuercen las medidas para prevenir la trata y explotación de menores, especialmente en áreas vulnerables como Chiapas y Oaxaca, donde las condiciones socioeconómicas y la falta de oportunidades aumentan la susceptibilidad de los menores a caer en redes de explotación.
Chiapas, un estado conocido por su alta tasa de pobreza y marginación, enfrenta serios desafíos en cuanto a la protección de la niñez. A nivel nacional, el estado ocupa el primer lugar en porcentaje de niños que no asisten a la escuela. Según la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, Chiapas es el segundo estado en México con mayor prevalencia de trabajo infantil, con aproximadamente 603 mil 900 menores realizando alguna forma de trabajo.
La situación de la niñez en Chiapas es alarmante. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) ha reportado que más de mil niños, niñas y adolescentes migrantes han sido detenidos en México, muchos de los cuales son oriundos de Chiapas. Este estado también se sitúa en el segundo lugar nacional en deportaciones de niños migrantes no acompañados.
Las condiciones de vulnerabilidad se agravan para la infancia indígena, que vive en medio de conflictos armados y sufre explotación en otros estados del país. Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en muertes infantiles por quemaduras y enfrenta altos índices de abuso sexual infantil, situándose también en el tercer lugar a nivel nacional en estos casos. Estos datos reflejan la gravedad de las problemáticas que afectan a la niñez en la región sureste del país, donde las políticas públicas parecen insuficientes para abordar las profundas desigualdades que perpetúan el ciclo de pobreza y explotación.
La última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil revela que en Chiapas hay 603 mil 900 menores que realizan algún tipo de trabajo, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para erradicar esta práctica. El estado comparte el segundo lugar en prevalencia de trabajo infantil con Puebla, que reporta un 18.3 por ciento de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años trabajando.
Además, Chiapas ocupa el primer lugar en indicadores de pobreza infantil, con un 82 por ciento de su población de cero a 17 años viviendo en condiciones de pobreza. Históricamente, la entidad ha mostrado profundos rezagos sociales, donde la mayoría de la población tiene escaso acceso a las condiciones mínimas para el logro del bienestar, y experimenta discriminación por clase, género y etnia, lo que incrementa su vulnerabilidad social.
En cuanto a la tasa de participación laboral infantil en Chiapas, esta es del 12.8 por ciento, superando la tasa nacional del 11 por ciento. Este indicador ha mostrado un aumento de más de dos puntos porcentuales entre 2015 y 2017, lo que sugiere un empeoramiento en la situación de los menores en la entidad.
De las 196 mil 909 personas de cinco a 17 años que se encuentran ocupadas en alguna actividad económica, un 65.6 por ciento son hombres y un 34.4 por ciento mujeres. La tasa de participación laboral de los hombres en esta franja de edad es del 17 por ciento, mientras que para las mujeres es del 8.7 por ciento. Esto indica que un niño chiapaneco entre los cinco y 17 años tiene mayor probabilidad de trabajar que una niña de la misma edad.
La explotación laboral y la trata de menores son problemas endémicos que afectan no solo a Chiapas, sino también a otras regiones de México. El caso de los nueve menores rescatados en Oaxaca es un claro recordatorio de la necesidad de implementar políticas efectivas y sostenibles para proteger a la niñez vulnerable y garantizarles un futuro libre de explotación. Las autoridades deben redoblar esfuerzos para identificar y desmantelar las redes de trata, y ofrecer a los menores afectados el apoyo psicológico y social necesario para su recuperación y reintegración en la sociedad.
Este rescate en Oaxaca debe ser visto como un llamado de atención sobre las condiciones de vida de muchos niños y niñas en México, particularmente en regiones marginadas como Chiapas. La intervención estatal es solo un primer paso; la verdadera solución radica en un enfoque integral que aborde las raíces de la pobreza, la falta de acceso a la educación, y la marginación social. Solo así se podrá garantizar que los menores tengan la oportunidad de un futuro digno y libre de explotación.
El pasado 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, un centenar de menores de edad pertenecientes a la etnia tsotsil de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, se manifestaron en las calles de esta ciudad para protestar contra la explotación infantil que prevalece en comunidades, zonas rurales y ciudades del sur de México. Esta movilización, que reunió a más de 80 niños y niñas indígenas, también fue una expresión en favor del trabajo digno y bien remunerado, como una respuesta a la falta de oportunidades y a la discriminación sistemática que enfrenta la población indígena en el país.
El contexto de esta marcha es alarmante si se considera el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que coloca a Chiapas en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la tasa de menores de edad que trabajan, con un preocupante 18.3 por ciento. En México, 3.3 millones de infantes se encuentran involucrados en alguna forma de trabajo, de los cuales una proporción significativa pertenece a este estado sureño. A nivel nacional, Oaxaca ocupa el primer lugar con un 21.5 por ciento de trabajo infantil, seguido de Chiapas, Baja California con 5.3 por ciento y la Ciudad de México con un 5.4 por ciento.
La marcha del primero de mayo no solo se trató de una protesta contra la explotación infantil, sino que también fue una afirmación de la necesidad de reconocer y proteger los derechos laborales de los menores trabajadores. Isabel Pérez Gómez, una niña tsotsil de San Cristóbal de Las Casas y defensora de los derechos de las infancias trabajadoras, alzó su voz durante la manifestación: “Salimos a marchar para defender nuestro derecho al trabajo digno porque en la ley no está escrito”. Sus palabras resuenan con fuerza en un contexto donde las leyes y políticas públicas a menudo invisibilizan las realidades de los menores indígenas que, ante la necesidad, deben integrarse al mercado laboral.
Isabel agregó: “Los niños deben de conocer que el derecho a trabajar es justo y que debe uno aprender a trabajar para que no les quiten sus derechos”. Esta declaración subraya la visión desde la cual muchos de estos menores enfrentan su realidad: el trabajo no es solo una necesidad económica, sino también un derecho que debe ser respetado y protegido, en lugar de ser criminalizado.
En este sentido, organizaciones civiles que acompañan a los menores trabajadores también alzaron la voz durante la marcha para exigir a las autoridades que cesen la criminalización tanto de los infantes que laboran como de sus padres, quienes, en su mayoría, se ven forzados a buscar sustento en el sector informal. Estas organizaciones sostienen que, lejos de ser criminalizados, los padres y madres indígenas que permiten a sus hijos trabajar también son personas que se organizan y luchan por promover y defender los derechos de las y los niños.
La movilización de estos menores de edad en San Cristóbal de Las Casas expone la compleja realidad del trabajo infantil en México, especialmente en las regiones indígenas del sur. Aunque en muchos casos el trabajo infantil está asociado con la explotación y el abuso, para estas comunidades es también una forma de supervivencia y una vía para la reivindicación de sus derechos en un entorno de profundas desigualdades.
El 1 de mayo se convirtió así en una fecha no solo para conmemorar los derechos laborales de los adultos, sino también para poner en el centro del debate público la situación de miles de menores que, al no encontrar oportunidades en un sistema que los discrimina, recurren al trabajo como una herramienta para garantizar su sustento y el de sus familias. Las demandas de estos niños y niñas tsotsiles, más que una denuncia, son un llamado a reconfigurar las políticas públicas para que estas reflejen y respeten las realidades de las comunidades indígenas y sus formas de vida.
