Funcionarios públicos demandan pagos indebidos para garantizar el apoyo gubernamental
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En un alarmante giro de eventos, se han reportado serias irregularidades en la entrega de becas Benito Juárez, cuyo objetivo es asistir a las familias más necesitadas de Chiapas. Denuncias recientes revelaron que funcionarios de la dependencia de Bienestar Social del Gobierno federal condicionan la recepción de estos apoyos a un pago previo, lo que genera una crisis de confianza entre los beneficiarios potenciales.
De acuerdo con las quejas, el primer pago de las becas es presuntamente exigido como una especie de donación para asegurar que las familias sean inscritas en el programa. Este comportamiento no solo socava el propósito del apoyo social, sino que también explota la vulnerabilidad de quienes más necesitan de este respaldo gubernamental.
Los denunciantes, pertenecientes a comunidades empobrecidas, exigen una revisión exhaustiva de los procedimientos y la intervención de las autoridades competentes para eliminar estas prácticas corruptas. La falta de transparencia y la corrupción en la gestión de los programas de bienestar han intensificado la indignación y desconfianza entre los ciudadanos que buscan acceder a estos recursos.
En este momento crítico, las familias están en el proceso de inscripción para recibir los apoyos, una etapa que debería ser un paso hacia la mejora de sus condiciones de vida, no una prueba de resistencia frente a la corrupción. La demora en la entrega de tarjetas y la falta de claridad en los procedimientos agrava el sentimiento de injusticia y desamparo.
Este caso subraya la necesidad urgente de reformas en la gestión de programas sociales y un mayor escrutinio de las prácticas internas de las dependencias gubernamentales. La promesa de asistencia debe ser respaldada por acciones transparentes y equitativas, y no convertirse en un campo fértil para la corrupción que perpetúe la pobreza en Chiapas.
