Indígenas tzotziles realizan una jornada de ayuno y oración por la violencia en el estado
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En la zona Altos de Chiapas, una región marcada por la violencia y el desplazamiento forzado, la comunidad de Nuevo Yibeljoj del municipio de Chenalhó ha dado un paso significativo en su lucha por la paz. El Campamento Civil por La Paz, que fue originalmente establecido el 17 de octubre del año 2000, ha sido reinstalado como un símbolo de resistencia y esperanza.
Bajo el auspicio de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los habitantes han organizado una “Jornada de Ayuno y Oración por la Paz y la Vida” enrespuesta a la creciente ola de violencia que afecta a múltiples estados de México.
La decisión de reinstalar el campamento no es meramente simbólica; es una respuesta directa a lo que los organizadores describen como la “violencia desbordada y absurda” que asola a sus comunidades y a miles de mexicanos. Con una profunda sensación de frustración, los líderes comunitarios denunciaron la inacción y la presunta complicidad del Gobierno estatal y federal en la escalada de violencia causada por grupos criminales. “Ante los oídos sordos de los gobiernos, entendemos que tienen un nivel de complicidad en la violencia”, afirmaron durante el evento.
El Campamento Civil por la Paz fue establecido en el año 2000 como una respuesta al desplazamiento forzado que sufrieron los miembros de Las Abejas tras la masacre de Acteal en 1997, donde 45 personas fueron brutalmente asesinadas por grupos paramilitares. Este campamento, inicialmente levantado en el terreno de Juan Diego X-oyep, sirvió como refugio y símbolo de la lucha por la justicia y la dignidad. Hoy, la comunidad de Nuevo Yibeljoj reaviva este legado con un firme compromiso de resistencia no violenta.
Los participantes en la jornada de ayuno y oración manifestaron su rechazo a la narrativa oficial que minimiza la violencia en la región. “La reinstalación del campamento nos recuerda y nos compromete aún más con nuestra misión: construir la paz con métodos no violentos”, expresaron los organizadores. En un país donde las autoridades insisten en que la violencia es menor de lo que parece, argumentando que poseen “otros datos”, las comunidades afectadas luchan por hacer visible la realidad que viven día a día.
Durante el evento, indígenas tzotziles de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal hicieron un llamado a la paz y la justicia, exigiendo la intervención de las autoridades para frenar la violencia que azota a las comunidades indígenas. “Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras para exigirle a los gobiernos (estatal y federal) que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano, que desde cualquier rincón del país exclama: No más guerra, no más muertes”, expresó José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal.
La situación en la región es cada vez más alarmante. Según ONG’s y activistas, en los últimos meses se ha registrado un aumento en los desplazamientos forzados en las zonas indígenas de Los Altos de Chiapas. Comunidades enteras, como La Esperanza, San José del Carmen y San Clemente, se han visto obligadas a abandonar sus hogares y refugiarse en casas solidarias, la Presidencia municipal y la Casa de la Cultura de Chenalhó.
El desplazamiento más reciente ocurrió el 4 de agosto en la comunidad de San José del Carmen, donde 45 familias, compuestas por unas 250 personas, huyeron de sus hogares y se refugiaron en una casa solidaria sin recibir apoyo del Gobierno municipal. Estas familias ahora viven con el temor constante de perderlo todo, mientras esperan que la situación se calme.
El pronunciamiento de la reinstalación del campamento se suma al creciente llamado de organizaciones sociales que alertan sobre la intensificación de la violencia en la zona fronteriza de México-Guatemala. La delincuencia organizada ha provocado no solo desplazamientos internos, sino también un éxodo hacia Guatemala.
En este contexto, han surgido reportes alarmantes sobre el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales en varias comunidades de Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera. Según testimonios, el 1 de agosto, sicarios reclutaron al 50 por ciento de los hombres de estas localidades, mientras que a las mujeres no casadas y sin hijos se les ha obligado a cocinar para los hombres reclutados.
Ante esta crisis, la reinstalación del Campamento Civil por la Paz en Nuevo Yibeljoj representa una luz de esperanza y un llamado a la acción para las autoridades y la sociedad en general. La comunidad reitera su compromiso con la paz y la justicia, y con la construcción de una autonomía que respete los derechos fundamentales de educación, salud, y el cuidado de la madre tierra y del agua. Esta jornada es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la lucha por un futuro más justo y pacífico continúa viva en el corazón de Chiapas.
En el mes de abril de este año, alrededor de 240 familias, cerca de 700 personas, provenientes de los municipios de Pantelhó y Chenalhó, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y las amenazas de muerte provenientes de sicarios de la delincuencia organizada. Este evento ha desencadenado un nuevo desplazamiento forzado de comunidades indígenas tzotziles, quienes hoy se enfrentan a la incertidumbre de su futuro y a la dura realidad del desarraigo.
Rosalinda Gómez Santiz, una mujer tzotzil de la comunidad de La Esperanza en Pantelhó, relató con voz temblorosa la pesadilla que vivió el pasado 18 de abril. Durante tres días, los disparos resonaron en su comunidad, y el miedo se convirtió en su única compañía mientras buscaba resguardarse. Cuando finalmente cesaron los disparos, los rumores de un posible ataque directo a la comunidad comenzaron a circular, alimentando el terror. “Me salí solita porque los militares no entraron (a la comunidad), no sé qué horario tienen los militares, porque cuando nos dispararon no había militares”, lamentó Rosalinda, quien aún no comprende por qué no se brindó la protección necesaria a su comunidad.
La historia de Rosalinda no es única. Las más de 700 personas que ahora se encuentran en situación de desplazamiento forzado huyeron de las comunidades de El Carmen y La Esperanza, en Pantelhó, después de haber estado sitiadas por grupos armados que amenazaron con arrasar sus hogares. Estas familias han encontrado refugio en cuatro localidades del municipio de Chenalhó, donde sus habitantes, también tzotziles, les han brindado alojamiento y apoyo, en un acto de solidaridad que contrasta con la ausencia de las autoridades gubernamentales.
El defensor de derechos humanos, Reynaldo Pérez, describe este desplazamiento como “una gran familia”, donde la mayoría de los desplazados son niños, mujeres y ancianos. “Estamos hablando de unas 700 personas, más las que están en Chenalhó, y estamos trabajando para que reciban atención humanitaria y médica”, señaló Pérez, quien ha alzado la voz para exigir que las autoridades presten atención a esta crisis. Sin embargo, la ayuda del Gobierno de México ha sido prácticamente inexistente, lo que ha dejado a los desplazados a merced de la buena voluntad de los habitantes de Chenalhó.
En la comunidad de Quishnic, los centros educativos se han convertido en improvisados albergues donde los desplazados intentan reconstruir sus vidas. Mientras tanto, las autoridades parecen no ser conscientes de la gravedad de la situación, dejando a estas familias en un limbo de desesperación y abandono. La falta de acción gubernamental ha sido duramente criticada por los desplazados, quienes señalan que, desde su llegada a Chenalhó, no han recibido ningún tipo de asistencia oficial.
El conflicto en Pantelhó tiene raíces profundas y complejas. Desde junio de 2021, este municipio se ha visto envuelto en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Ese año, un grupo de autodefensas conocido como Los Machetes tomó las armas y expulsó a las autoridades municipales, a las que acusaban de estar vinculadas con el narcotráfico. Posteriormente, se instaló un concejo municipal avalado por el Gobierno de Chiapas, pero la violencia no cesó. Al contrario, se intensificó cuando surgieron nuevos grupos de autodefensas, como el Ejército Civil Indígena y Los Herrera, que comenzaron a disputarse el control del territorio.
La situación se ha agravado desde 2023, con un aumento alarmante de la violencia y los asesinatos en la región. Los habitantes de Pantelhó viven en un estado de constante terror, atrapados en medio de un conflicto que parece estar fuera del control de las autoridades. Las masacres y los enfrentamientos entre los grupos armados han dejado un saldo de decenas de muertos y heridos, mientras que cientos de personas han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad.
El miedo y la incertidumbre se han convertido en la nueva normalidad para estas comunidades. El pasado jueves, un nuevo acto de violencia sacudió Pantelhó con la ejecución de un hombre, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La víctima, que se encontraba abasteciéndose de agua para su familia, fue sorprendida en el interior de su vehículo y asesinada con dos disparos a quemarropa. Este incidente es solo un ejemplo más de la brutalidad que se vive en la región, donde nadie parece estar a salvo.
Frente a esta escalada de violencia, organizaciones civiles e indígenas han denunciado desde 2023 que en distintas regiones de Chiapas se vive un ambiente de “guerra civil” que se agrava día a día. Los conflictos armados, la presencia de células delictivas, la migración y el proceso electoral en curso han creado un cóctel explosivo que amenaza con desestabilizar aún más a las comunidades indígenas. Homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados son ahora parte de la realidad cotidiana en estas regiones, particularmente en aquellas que tienen afinidades con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La respuesta del Gobierno ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Los llamados de auxilio de las comunidades afectadas han caído en oídos sordos, mientras que la violencia sigue cobrando vidas y destruyendo familias. La situación en Chiapas exige una intervención urgente y decidida por parte de las autoridades para proteger a las comunidades indígenas y garantizar sus derechos fundamentales. Sin embargo, mientras no se tomen medidas efectivas, los desplazados de Pantelhó y Chenalhó seguirán siendo víctimas de una guerra que no eligieron y que no parece tener fin.
