La reaparición de amenazas a este sector que pone en riesgo la paz social, llevó a un llamado dirigido aautoridades
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En los municipios fronterizos de Chiapas, la calma que había predominado en los últimos meses se ha visto interrumpida por una nueva ola de extorsiones dirigidas a los transportistas. Los choferes y representantes de las cooperativas de transporte han comenzado a recibir amenazas de extorsión conocidas como “cobro de piso”. Este retorno de la violencia ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes solicitan una intervención de las autoridades federales y estatales.
La reciente oleada de amenazas ha llevado a los transportistas a solicitar la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE). Las peticiones están enfocadas en garantizar la seguridad tanto de los operadores del transporte como de la comunidad en general. La vuelta a una situación de riesgo ha revivido temores sobre ataques a unidades y terminales.
El regreso de la extorsión en la región no es solo una amenaza para el sector del transporte, sino un indicador preocupante de la reactivación de redes delincuenciales. Los choferes, subrayaron el derecho a trabajar en paz y la necesidad de una respuesta efectiva de las autoridades para restaurar la seguridad. La posibilidad de que se repitan ataques similares a los ocurridos el año anterior, añade urgencia a la situación.
Este resurgimiento de la violencia muestra la fragilidad de la seguridad en Chiapas, donde la presencia de grupos delincuenciales sigue siendo una amenaza constante. Las autoridades deben actuar para prevenir un nuevo ciclo de violencia y asegurar la protección de los trabajadores del transporte. La situación también resalta la importancia de estrategias de prevención más sólidas y una coordinación efectiva entre las diversas agencias de seguridad.
La comunidad local y los trabajadores esperan una pronta intervención para evitar el deterioro de la paz social y la seguridad. La solicitud de intervención de las autoridadesrefleja una creciente inquietud por la seguridad pública, y pone de manifiesto la necesidad de medidas preventivas que impidan el regreso de un ambiente de violencia y extorsión en la región.
