La falta de transparencia y obstrucción de pruebas han intensificado el llamado a una revisión exhaustiva en este caso
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la justicia enfrenta un nuevo desafío tras las acusaciones graves de abuso de poder y tortura en el caso de Lizette, una mujer indígena de Yajalón. Acusada de homicidio calificado tras la trágica muerte de su recién nacida, Lizette se encuentra en un proceso legal y moral, rodeada de inconsistencias y abusos sistemáticos que han puesto de manifiesto las fallas en el sistema judicial estatal.
La detención de Lizette el 13 de enero de 2022, sin orden de aprehensión, y su posterior tortura por parte de la policía municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), subrayaron una alarmante falta de garantías y derechos fundamentales. La agresión física y psicológica a la que fue sometida, incluyendo amenazas de violencia con un tigrillo, contrasta con las normas internacionales de derechos humanos y revela un patrón preocupante de abuso dentro del sistema de justicia local.
Las acusaciones contra Lizette, basadas en testimonios y pruebas cuestionables, destacan una serie de irregularidades. La supuesta evidencia, desde peritajes realizados por personas no certificadas hasta testimonios de testigos cuya credibilidad está en entredicho, exhiben una grave falta de transparencia en el proceso. La presentación de pruebas contradictorias y la negativa a entregar documentos cruciales a la defensa han sido interpretadas como intentos de manipulación.
A pesar de las protestas y la denuncia de tortura por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la respuesta del sistema judicial ha sido lenta. Las colectivas Cereza de San Cristóbal, Madres en Resistencia y Vivas Nos Queremos han tomado un papel activo en la defensa de Lizette, exigiendo justicia y responsabilidad por los abusos cometidos.
Los colectivos demandan no solo la liberación de Lizette, sino también una reforma integral que garantice la justicia y los derechos de las personas más vulnerables. La situación actual exige una respuesta efectiva y una revisión profunda para corregir las injusticias y proteger a quienes están en la mira de un sistema judicial fallido.
