Volqueteros buscan una compensación justa y adecuadapor ofertar servicios para acarreo de material
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En un acto de protesta, un grupo de transportistas de camiones de material pétreo en Palenque, conocidos como G8, se reunió esta semana frente a la estación del Tren Maya en el boulevard Palenque – Pakal-Ná. La manifestación, que tuvo lugar frente al nuevo complejo habitacional destinado al personal del Tren Maya, reflejó una creciente tensión entre los transportistas y la empresa encargada del proyecto.
Los transportistas alegaron que la compañía, encargada de la construcción del segundo conjunto habitacional del Tren Maya, ha reducido la tarifa por recorrido. Aunque inicialmente se pagaban mil 800 pesos por viaje durante la primera fase del proyecto, la tarifa actual se ha establecido en mil 600 pesos, y en algunos casos, incluso mil 500, a pesar del incremento en la magnitud del proyecto. Esta reducción ha generado descontento entre los transportistas, quienes consideran que el ajuste no compensa el incremento en la carga de trabajo.
La manifestación surge en un contexto de descontento generalizado, puesto que los transportistas comparan las condiciones actuales con las de la primera fase del proyecto, donde las tarifas eran más altas. Según los manifestantes, la discrepancia entre los pagos actuales y los anteriores muestra una falta de coherencia en la compensación, especialmente dado el tamaño y la importancia del nuevo complejo habitacional.
El “Mayor Loza”, encargado de la obra, ha sido señalado por los transportistas como el principal responsable de esta situación. La falta de negociación y la ausencia de una respuesta oficial por parte de las autoridades estatales y federales han agravado el conflicto, lo que deja a los transportistas sin un canal efectivo para resolver sus quejas.
Sin una resolución a la vista y con la falta de diálogo entre las partes involucradas, la protesta de los transportistas podría intensificarse. La situación destaca la necesidad de una revisión más exhaustiva de los contratos y tarifas asociadas a los proyectos de infraestructura, para evitar futuros conflictos y garantizar una compensación justa para todos los involucrados.
