Dr. Gilberto de los Santos Cruz
El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México durante el Gobierno de Álvaro Obregón, 1920-1924. A partir del documento, México garantizaba los derechos de propiedad sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses.
El 21 de mayo de 1920, un grupo de hombres armados, liderados por Rodolfo Herrero, asesinaron a Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla. Su fallecimiento influyó en los acontecimientos siguientes. Por un lado, Adolfo de la Huerta ejerció el Poder Ejecutivo de manera interina, de junio a diciembre, y convocó a elecciones para elegir al nuevo presidente. Por otro lado, la muerte de Carranza representó el fin de la revolución mexicana, 1910-1920, e inauguraba una nueva etapa en la historia de México: el fin de la guerra civil para que se establecieran los miembros de la rebelión de Agua Prieta, entre ellos encontramos a Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes serían los próximos presidentes de México.
El 1 de diciembre de 1921, el general Álvaro Obregón asumió la Presidencia. Su mandato se encontró en un ambiente tenso en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque los gobiernos revolucionarios no otorgaron un trato a favor de las compañías explotadoras de petróleo, estadounidenses en su mayoría. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció en su artículo 27 la estatización de la explotación de los recursos naturales del país, que significa un proceso por el cual una empresa o sector pasa a ser controlado por el Estado. De ahí que los empresarios fueron a quejarse ante su Gobierno aludiendo graves pérdidas y daños en sus empresas petroleras.
Obregón pensaba que México necesitaba de inversión extranjera para reconstruir la economía del país, puesto que habían varios daños causados durante la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Obregón buscaba que Estados Unidos reconociera su Presidencia. Sin embargo, el presidente estadounidense Calvin Coolidge condicionaba el reconocimiento a una condición: el establecimiento de un tratado entre los dos países, donde México garantizaría los derechos de propiedad de los extranjeros y de sus compañías petroleras en territorio mexicano.
Así que, el 13 de agosto de 1923, los representantes del Gobierno mexicano y estadounidense se reunieron en un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. El objetivo era negociar la compensación de las pérdidas de propiedades de colonos estadounidenses durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Para ello, Obregón convenció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dictaminar que el artículo 27 constitucional solo podía referirse, en cuestiones de explotación de bienes nacionales, a los procesos posteriores a 1917, por lo cual los daños debían resarcirse.
Dentro del tratado se acordó lo siguiente
1. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses menores a 1755 hectáreas se pagarían con bonos.
2. Para propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado.
3. Se integraría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868; las originadas por la Revolución se resolverían aparte.
4. Con relación al petróleo, el artículo 27 no era retroactivo para los estadounidenses que hubieran adquirido sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando el hidrocarburo.
Un tema importante del tratado era la abolición del artículo 27 de la Constitución Política mexicana, el cual establecía la soberanía económica y la propiedad de la nación sobre el suelo, subsuelo y litorales; la capacidad de imponer modalidades a la propiedad privada, y a las bases para la expropiación. Ante lo cual, EUA discutía que no fuera retroactivo para las petroleras americanas. Además, se debía reanudar el pago de la deuda externa, suspendida durante el Gobierno de Venustiano Carranza.
Si bien es cierto que los congresos de Estados Unidos y México no refrendaron el tratado, por lo cual desde la cuestión legal se consideraba nulo. Aun así, la Suprema Corte de Justicia de México concedió un amparo a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos, que les dio un tiempo de 15 años para mudar sus inversiones petroleras a Venezuela.
Al respecto, el secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, consideró que el tratado era una “traición” a la soberanía nacional. También coincidieron los opositores a Obregón consideraron el tratado como “traición” a la patria por comprometer el desarrollo económico y político del país a cambio de obtener el reconocimiento diplomático de Estados Unidos, por el cual se obtendría apoyo financiero, militar, tecnológico y el reconocimiento de la comunidad internacional.
Sin embargo, el temor de una posible dependencia económica y política de Estados Unidos, entreguista por parte de Obregón, se vio rebasada y favorecida sistemáticamente por los gobiernos posrevolucionarios durante el siglo XX, XXI y, a más de un siglo de la reunión en Bucareli. Después de 80 años de la firma de los Tratados de Bucareli el Gobierno federal de México, se han vulnerado los derechos de los mexicanos debido a que en la actualidad, la política alrededor del petróleo y de los recursos naturales del país han dado un giro: el entreguismo no es más la vara de medición.
A la entrega de concesiones, territorios, activos, costas y recursos de Baja California a compañías trasnacionales para instalar plantas de generación eléctrica y regasificadoras con el objeto de abastecer los requerimientos energéticos de Estados Unidos en California.
Permitir que policías estadounidenses operen en nuestros aeropuertos, convirtiéndolos oficialmente en sucursales de la CIA y el FBI. La lucha antiterrorista es el pretexto del Gobierno de Estados Unidos para asumir el control de la política migratoria desde territorio mexicano.
