Las quejas se concentran en autoridades del INM, poniendo en evidencia el abuso de poder
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Chiapas ha emergido como el segundo estado con el mayor número de reportes de violaciones a los derechos humanos en los primeros siete meses del año, según datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos (SNAVDH) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con 632 expedientes registrados, la entidad refleja una alarmante realidad que resalta la necesidad urgente de reformas en la gestión de derechos humanos a nivel local y federal.
La alta incidencia de casos en Chiapas, sugiere una crisis de eficiencia en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Tapachula, con 341 reportes, se posiciona como el foco principal de estos abusos, lo que indica una posible falta de control y supervisión adecuada en áreas críticas de la región. Este patrón exhibe preocupación por la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad pública y el bienestar social.
El desglose de los reportes muestra que la mayoría de las quejas involucran a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes son acusados de violar los derechos de migrantes en situaciones ya vulnerables. Esto resalta una posible falta de formación y conciencia entre los empleados del INM sobre los derechos humanos básicos, además de una falta de mecanismos efectivos para abordar y corregir estas violaciones.
Mientras tanto, la conclusión de casi la mitad de los expedientes podría parecer un indicio de eficiencia en el sistema judicial. Sin embargo, esta cifra podría también esconder una falta de profundidad en las investigaciones, poniendo en duda si las resoluciones realmente abordan las causas subyacentes de los abusos reportados.
La situación exige una intervención inmediata por parte de las autoridades para garantizar una revisión exhaustiva de los reportes y una mejora en la protección de los derechos humanos en Chiapas. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos esperan una respuesta que no solo atienda los casos actuales, sino que también prevenga futuros abusos mediante reformas estructurales y una supervisión más rigurosa de las instituciones involucradas.
