La expansión de zonas peligrosas demanda un enfoque integral y efectivo para frenar la criminalidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La percepción de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez ha dejado de ser una simple sensación para convertirse en una realidad alarmante. Según datos recientes, el 77.5 por ciento de los pobladores consideran que vivir en esta ciudad es inseguro, un sentimiento que ha prevalecido por más de una década. Lejos de mejorar, la situación parece empeorar, con un número creciente de colonias que se han sumado a la lista de puntos críticos de delincuencia.
En 2020, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Tuxtla Gutiérrez identificó 10 colonias con altos índices de criminalidad, como Las Granjas, Patria Nueva y Terán. Sin embargo, cuatro años después, la cifra de zonas conflictivas se ha duplicado. Colonias como Albania Alta y Baja, La Pimienta, y barrios como San Roque, ahora se suman al mapa de la inseguridad, lo que afecta cada vez a más habitantes.
Los testimonios de los ciudadanos refuerzan esta preocupante estadística. Los residentes del centro de la ciudad relatan con impotencia cómo la delincuencia ha invadido su día a día. Desde robos menores hasta la sensación de desamparo ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. La situación se ha vuelto tan crítica que muchos prefieren no reportar los incidentes, conscientes de la ineficacia en las respuestas que han recibido.
Ante esta realidad, la necesidad de una intervención más contundente por parte de las autoridades es evidente. El crecimiento de las zonas inseguras refleja no solo una falta de control sobre la criminalidad, sino también una erosión en la confianza de la población hacia quienes deberían protegerla. La expansión de la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez exige una reestructuración urgente en las estrategias de seguridad, que vayan más allá de aumentar el número de patrullajes.
El panorama actual de Tuxtla Gutiérrez es un reflejo de la urgencia por abordar la seguridad desde una perspectiva más integral y efectiva. Sin cambios radicales en la estrategia de seguridad, el temor que hoy afecta a más del 70 por ciento de la población podría continuar propagándose.