José Luis Castillejos
En Chiapas, la desaparición de niños y mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, reflejando una crisis profunda que afecta tanto a comunidades indígenas como mestizas.
La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS) reportó, de enero a junio de 2024, 234 desapariciones de menores en el estado, de los cuales un 70 por ciento corresponden a niñas y adolescentes mujeres.
Esta cifra se enmarca dentro de un contexto más amplio de violencia y desapariciones forzadas que ha colocado a Chiapas como uno de los estados más peligrosos para estos grupos vulnerables.
Las desapariciones en Chiapas están vinculadas a varios factores, incluyendo el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, la trata de personas, y la violencia de género.
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán son los municipios más afectados, concentrando la mayor parte de los casos. Las víctimas, de acuerdo con investigaciones oficiales y extraoficiales, suelen ser adolescentes de entre 12 y 17 años, lo que evidencia un patrón donde la juventud es aprovechada por redes delictivas que operan en la región.
Los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas, se encuentran en una situación de mayor riesgo debido a factores estructurales como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la discriminación.
Un aspecto crítico que subrayan las organizaciones de derechos humanos es el alto grado de impunidad y la falta de interés por parte de las autoridades en investigar a fondo las causas de estas desapariciones.
A pesar de los esfuerzos por parte de la sociedad civil para visibilizar el problema, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente.
La creación de un Consejo Estatal de Búsqueda y la implementación de protocolos adecuados para la búsqueda de menores han sido demandas recurrentes, pero con escasos avances.
En ese contexto, los familiares de las víctimas han denunciado repetidamente la falta de recursos y personal especializado en las instituciones encargadas de estas investigaciones, lo que agrava la situación.
El problema de las desapariciones en Chiapas también se entrelaza con la situación de movilidad de la población migrante que atraviesa el estado. Desde que atraviesan por el río Suchiate, los niños y mujeres quedan a merced de grupos delincuenciales.
Muchas de las personas desaparecidas, especialmente niñas y mujeres, son migrantes que han quedado atrapadas en redes de explotación o han sido víctimas de la violencia asociada a la disputa territorial entre grupos criminales. Esta situación agrava la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente, haciendo más complejo el panorama de las desapariciones.
En muchos casos, las víctimas son reclutadas para trabajos forzados, explotación sexual o servidumbre, lo que aumenta el nivel de crueldad y deshumanización en estas prácticas.
La crisis de desapariciones en Chiapas requiere una respuesta integral que abarque tanto la prevención como la búsqueda y el apoyo a las familias de las víctimas. Las cifras, lejos de representar solo números, reflejan la urgencia de abordar un problema que sigue arrebatando la vida de los más jóvenes y vulnerables en la entidad.
Sin un compromiso real y sostenido por parte de las autoridades, esta tragedia silenciosa continuará cobrando víctimas, manteniendo en vilo a cientos de familias chiapanecas.
Es fundamental que se implementen políticas públicas enfocadas en la protección de la niñez y la adolescencia, así como en la mejora de las condiciones socioeconómicas de las comunidades más afectadas.
La sociedad en su conjunto debe exigir que se destinen los recursos necesarios para enfrentar esta problemática, y que se garantice la justicia para todas las víctimas y sus familias.
