Esta problemática subraya la necesidad de medidas más efectivas y coordinadas para revertir los
números rojos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
En Chiapas, una crisis devastadora ha comenzado a emerger con una intensidad alarmante. Desde
el inicio de julio, la región ha visto un incremento notable en los casos de desapariciones, una
señal de que el tejido social de comunidades como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula está
desgarrándose bajo la presión de la violencia y la inseguridad.
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, con 37 y 36 desapariciones de manera respectiva, son el epicentro
de esta tragedia. La creciente lista de municipios afectados, desde Comitán hasta Palenque,
sugiere que no estamos frente a un fenómeno aislado sino a una crisis regional con profundas
raíces en la descomposición social y la ineficacia de las políticas de seguridad. En un contexto
donde las autoridades parecen reaccionar de manera lenta y descoordinada, la desesperación de
los residentes solo aumenta.
El contraste entre la creciente ola de desapariciones y la falta de acción efectiva por parte de las
autoridades pone en evidencia una profunda brecha en la capacidad del estado para proteger a
sus ciudadanos. Mientras las familias luchan por obtener respuestas, el aparato de justicia parece
fallar de manera sistemática. Esta descoordinación entre las agencias responsables y la comunidad
ha generado un vacío de seguridad que permite que el problema persista y se agrave con cada
nuevo caso.
Además, la crisis de desapariciones refleja un problema más amplio de violencia e inseguridad que
ha sido ignorado durante demasiado tiempo. La incapacidad del Gobierno para implementar
soluciones integrales y sostenibles muestra una falta de comprensión de las raíces del problema.
La crisis no solo exige una respuesta inmediata, sino también una revisión crítica de las estrategias
de seguridad pública y un enfoque más proactivo en la prevención del delito.
En última instancia, esta crisis demanda una acción decisiva que involucre a todos los sectores de
la sociedad. Las autoridades, los líderes comunitarios y la ciudadanía deben unirse para abordar no
solo las consecuencias de las desapariciones, sino también las causas profundas que permiten que
la violencia continúe su marcha. Solo con una colaboración efectiva y una estrategia coherente se
podrá empezar a reconstruir la seguridad y la confianza en la región.
