Enfrentan extensas jornadas laborales, acoso por parte del crimen organizado y
amenazas de muerte
PORTAVOZ/AGENCIAS
Ser juez en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo, con sobrecarga
laboral y la constante amenaza del crimen organizado u otros sectores que buscan
influir en sus decisiones. Con la posibilidad de que una reforma en materia judicial sea
aprobada en el Congreso de la Unión, este escenario podría agravarse.
Para quienes se desarrollan en la carrera judicial, llegar a ser impartidor de justicia es
uno de los mayores logros a los que se puede aspirar; sin embargo, para acceder a este
puesto se requieren años de experiencia laboral, preparación académica y la
acreditación de todos los exámenes de conocimientos estipulados en los circuitos.
En la República Mexicana, a pesar de los salarios que se ofrecen en esta posición,
existe un déficit de juzgadores en todo el territorio nacional. Según cifras de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, hay apenas cuatro jueces
por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio internacional es de 65.
Esta situación ha generado, desde hace varios años, llamados de organizaciones
internacionales y civiles para combatir el rezago existente en la plantilla de jueces que
trabajan para una población de más de 126 millones de mexicanos, según el último
censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Además, asociaciones civiles han advertido que el déficit de jueces no solo genera
demoras en los procesos judiciales, sino que también compromete la calidad y equidad
en la administración de justicia, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas
del país.
Por si fuera poco, la disparidad en la distribución de jueces es otro factor que agrava el
problema, puesto que algunas regiones carecen de infraestructura judicial necesaria
para atender las demandas.
ESTADO DE MÉXICO, ENTIDAD FEDERATIVA EN CRISIS JUDICIAL
La falta de juzgadores es más grave en algunos estados del país, en donde se enfrenta
una escalada de violencia, altos índices de impunidad y una saturación de expedientes
y demandas.
Por ejemplo, las condiciones en el Estado de México son alarmantes, con solo dos
jueces por cada 100 mil habitantes, lo que representa un total de 18 jueces en una
entidad que tiene una población de más de 16 millones de personas.
Cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022 señalan que son más
de mil 400 jueces y magistrados federales. En el ámbito estatal y local esta cifra crece a
más de cinco impartidores de justicia que se encuentran repartidos en los 32 estados
del país. A todos alcanzará la reforma judicial.
JUICIOS ‘ETERNOS’ POR ESCASEZ DE PERSONAL
La reforma judicial plantea la remoción, en 2025, de al menos el 50 por ciento de los
juzgadores que se encuentran en el país, mientras que el resto se sustituirá de forma
escalonada.
Esto ha provocado todo tipo de pronunciamientos en contra de la propuesta del
Ejecutivo federal, dado que se considera que podría causar un daño irreversible al
Sistema Judicial Mexicano.
